Elliot Abrams dice que Maduro está humillando a toda la administración Biden y su política sobre Venezuela
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Elliot Abrams dice en su más reciente análisis que desde el gobierno de Joe Biden se avanza hacia el levantamiento de sanciones, mientras en Venezuela crece la represión.
Elliot Abrams | CFR
La administración Biden no es más que constante en su fracasada política hacia Venezuela. Esa política consiste en hacer creer que el régimen de Maduro busca un compromiso, y seguir ofreciendo concesiones sobre las sanciones estadounidenses a pesar de la creciente represión del régimen.
Consideremos los últimos días. El 23 de agosto, Reuters informó que «funcionarios estadounidenses están elaborando una propuesta que aliviaría las sanciones al sector petrolero de Venezuela, permitiendo que más empresas y países importen su crudo, si la nación sudamericana avanza hacia una elección presidencial libre y justa….». Esto llega después de que ya se hayan levantado algunas sanciones: en noviembre de 2022, como informó entonces la revista Time, «la administración Biden concedió al gigante petrolero Chevron Corp. una licencia para reanudar la producción de petróleo en Venezuela después de que las sanciones estadounidenses paralizaran todas las actividades de perforación hace casi tres años». Se suponía que eso incentivaría las negociaciones entre el régimen y la oposición democrática, pero no hay negociaciones.
A pesar del fracaso de esa estratagema, aquí vamos de nuevo. El régimen de Maduro demuestra día tras día que no permitirá en absoluto unas elecciones libres. El 21 de agosto, el régimen anunció que estaba solicitando una orden de arresto contra el líder de la oposición Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas que vive exiliado en España. Ledezma es uno de los principales partidarios y asesores de María Corina Machado, actualmente la principal candidata de la oposición a la presidencia. El 23 de agosto, el régimen hizo que su títere, la Asamblea Nacional, nombrara un nuevo Consejo Nacional Electoral, el organismo que se supone que gestiona las elecciones y garantiza su imparcialidad. Eligió a Elvis Amoroso para dirigir el Consejo. Recientemente, Amoroso, en su calidad de Contralor General, ha inhabilitado las candidaturas de la mayoría de los líderes de la oposición -empezando por María Corina Machado e incluyendo a otros altos dirigentes como Leopoldo López-, imposibilitando la celebración de elecciones justas. En 2019, Amoroso prohibió al expresidente interino Juan Guaido presentarse a las elecciones durante 15 años. Amoroso ha estado bajo sanciones de Estados Unidos y Canadá desde 2017. El Tesoro de Estados Unidos lo sancionó como parte de un grupo «asociado con socavar los procesos electorales, la censura de los medios de comunicación o la corrupción en los programas de alimentos administrados por el gobierno en Venezuela».
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Así, en una semana tenemos titulares como el de Bloomberg «EE.UU. en conversaciones con Venezuela sobre el alivio de las sanciones a cambio de elecciones justas», y las respuestas despectivas e incluso humillantes del régimen de Maduro, todo lo cual demuestra una y otra vez que no habrá elecciones justas.
Como señaló Reuters, «Una primera versión de la propuesta fue rechazada en julio por Dinorah Figuera, jefa de la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por la oposición y que controla los activos extranjeros del país, tras discusiones con los principales partidos de la oposición venezolana….La razón para rechazar el borrador de la propuesta, que podría convertirse en una de las poderosas herramientas de negociación de Estados Unidos en futuras reuniones con los enviados de Maduro, fue la falta de pasos concretos por parte de Maduro hasta el momento hacia unas elecciones justas en el país….».
Los únicos pasos concretos desde entonces son represivos, como el esfuerzo por arrestar a Ledezma y la selección de un esbirro del régimen sancionado para dirigir el Consejo Nacional Electoral. Y la propuesta de julio llegó sólo unos días después de que el régimen impidiera presentarse a la figura opositora que encabeza las encuestas entre las figuras de la oposición, María Corina Machado.
Sin embargo, la farsa continúa, como si la administración Biden realmente creyera que Maduro permitirá elecciones libres. Pero quizás «farsa» no sea la palabra adecuada, porque no hay nada divertido en la política de la administración. Envía una clara señal al régimen y a la oposición de que la administración quiere firmemente (¿desesperadamente?) un acuerdo y comprometerá los derechos políticos de los venezolanos para conseguirlo. El petróleo, al parecer, pesa más que los derechos humanos cuando se trata de la política de la administración Biden en Venezuela.
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Este artículo fue publicado originalmente por CFR, con el título ‘Venezuela: U.S. Policy, U.S. Sanctions, and Humiliation by Maduro Regime‘.
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