Ahogado por informe de la ONU, al fiscal madurista no le queda más que aceptar que forma parte de un régimen violador de DDHH
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En una serie de inconsistencias producto de las presiones del reciente informe que señala a Maduro y a sus ministros de Defensa e Interior como criminales de lesa humanidad, la «Fiscalía» del régimen madurista decide acusar a más de mil policías por violar derechos humanos pero no toca a los altos mandos que ordenaron dichas acciones.
Redacción | Primer Informe
El régimen comunista venezolano trata de salir al paso de lo señalado en el reciente informe de expertos independientes de la ONU que acusó a la Administración de Nicolás Maduro de violaciones a los Derechos Humanos.
En concreto, la investigación señaló a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a los servicios de inteligencia del país de cometer ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.
Ahora, cerca de diez días después de la presentación del documento, el fiscal general del régimen de Caracas, Tarek William Saab, dijo que imputó a cerca de mil uniformados por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
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«Ha habido y se ha castigado (…) Nosotros, en más de tres años, un tiempo muy corto, hemos logrado por impulso del Ministerio Público la condena de 140 agentes del Estado violadores de Derechos Humanos (…) Pero si me preguntan de imputados, en proceso de ser finalmente condenados, 1.000. ¿Cuándo se había visto esto?», dijo durante una entrevista difundida este 27 de septiembre por el canal estatal VTV.
Pero tras decir esto, Saab, quien ha sido un funcionario que ha pasado por variados cargos y que ha estado fiel a la doctrina izquierdista desde el inicio del régimen chavista venezolano, criticó la misión de la ONU argumentando que la investigación no se realizó en el terreno y que los casos habrían sido tomados de denuncias publicadas a través de Internet.
La ONU aclaró que los expertos no pudieron visitar Venezuela debido a que su solicitud no fue respondida por el Gobierno, pese a las reiteradas peticiones, además de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.
Las cifras de acusados que el ilegal fiscal madurista dio a conocer el domingo se alejan de las que mencionó el pasado miércoles cuando aseguró que 638 personas, incluyendo a 603 agentes de seguridad, fueron imputados por estos casos.
Con información de France 24.
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