La casa de los horrores de Nicolás Maduro

En esta entrevista exclusiva con Primer Informe, William Jiménez, ex Jefe de la Morgue de Bello Monte, que reveló por primera vez las imágenes del ajusticiamiento del ex agente policial Oscar Pérez, denuncia cómo el régimen de Nicolás Maduro usa morgues y cementerios para oclutar cadáveres fruto de la violencia del oro en el estado Bolívar. Jiménez solicitó esta semana asilo en Holanda, adonde se trasladó desde Perú porque teme por su vida. Estas son las revelaciones de Jiménez y las fotos que prueban sus denuncias.

Jaime Garvett | Primer Informe

El abogado William Jiménez es conocido por ser uno de los testigos que más información ha aportado a los medios y opinión pública, sobre las irregularidades ocurridas al momento de la presentación de los cuerpos de Óscar Pérez y sus colaboradores, tras morir en manos de grupos de seguridad del Estado que, junto a facciones de colectivos armados de la revolución, atacaron al ex efectivo del CICPC que se había alzado junto a otro grupo de oficiales y que para el momento se mantenían atrincherados en una casa en la localidad de El Junquito, cerca de Caracas.

Su trabajo en la morgue de Bello Monte el día de la muerte de Pérez, y su posterior fuga de Venezuela, buscando protección en Perú, le permitieron informar como un testigo de primera mano sobre cómo el régimen de Nicolás Maduro intentó borrar todas las huellas que lo relacionaban en la violación de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, en su actuación ese 15 de enero del 2018, frente a un grupo que, según consta en la transmisión en vivo que hacía Pérez para el momento, ya se había rendido.

Jiménez fue durante esa época Jefe de Investigaciones del SENAMECF (Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses), adscrito al vice ministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, dependiente del Ministerio de Interior y Justicia, y conformó una dirección entre cuyas funciones se encontraba la de atender denuncias de irregularidades en distintas morgues del país, de donde salen algunos de los relatos más oscuros y tenebrosos sobre cómo trabaja una organización criminal  nacida en el interior del poder chavista, y cuyo éxito se basa en la impunidad.

Altas esferas involucradas

Para Jiménez, lo que ocurre al interior de estos organismos es “toda una estructura de actividades ilícitas” con funcionarios a los que se les garantiza no ser tocados por la justicia, “que no han sido sancionados y donde simplemente lo que ha habido es un paño de agua caliente, una simple destitución y queda allí, pero ¿cuántas víctimas hay detrás de todo eso?, ¿hasta dónde está comprometida la administración de Chávez y su sucesor en estos temas de víctimas y violaciones a los Derechos Humanos y si se puede decir, de crímenes prácticamente de lesa humanidad, como es el caso de Oscar Pérez?”, se pregunta el abogado quien actualmente se encuentra en el Reino de los Países Bajos solicitando protección y asilo.

Uno de los cadáveres no identificados acumulados en un cementerio en estado Bolívar, muy cerca de la zona de explotación ilegal de oro patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro. (Foto Cortesía William Jiménez).

Uno de los relatos de Jiménez involucra a funcionarios cercanos a altos niveles del poder chavista, como el ocurrido en Maracaibo, al que se trasladan en comisión tras recibir una llamada anónima denunciando irregularidades con el uso de las identidades de los occisos que llegaban a la morgue y no se reclamaban. “En aquel momento se encontraba de director regional del SENAMECF el doctor Freddy Rincón. Quienes no saben quién es Freddy Rincón, es un médico forense, hermano del ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Darío Rincón, y a su vez hermano de quien para el momento era la presidenta del Circuito Judicial del estado Zulia. Cuando llegamos a la sede de la medicatura, lo primero que nosotros solicitamos era la exhibición de los libros del control de ingreso de cadáveres y la sorpresa que nos llevamos es que había una gran cantidad de deficiencias en cuanto al resguardo de estos libros desde casi 7 períodos anteriores, -porque ya el doctor llevaba 10 años en el cargo-, no estaban presentes los libros. Estaban sólo los del último año para la fecha, que era 2017-2018”. Para Jiménez esto encendió las alarmas porque sin esos libros no se conocería efectivamente cuál es el control que tiene la institución sobre las muertes violentas que ingresan a la misma, “lo que implica que al no manejar esta información no podemos determinar qué cantidad de fallecidos han estado al conocimiento de la instancia que tiene competencia en las experticias de reconocimiento médico y la que tiene que ver con las autopsias respectivas”, lo que a simple vista representa un problema en el camino a la justicia de esas cientos de muertes violentas.

William Jiménez, ex jefe de la Morgue de Bello Monte y testigo del ajusticiamiento del ex agente de fuerzas especiales Oscar Pérez, denunció la casa de horrores del régimen de Nicolás Maduro en el estado Bolívar, a escasa distancia de la zona de explotación ilegal de oro.

Justo en ese momento comenzaron a decantarse las razones de estas prácticas, y “en conversaciones que tuvimos con algunos de los trabajadores, específicamente los de la morgue en uno de los hospitales públicos de allí de Maracaibo, nos indicaron que en algunos casos ha existido la posibilidad de que las personas, en especial las que no son reclamadas, no son registradas dentro de lo que es el parte de las defunciones. Imagínate una persona que efectivamente ha fallecido de muerte violenta que ingrese a la morgue y no hay el deudor o la víctima o pariente que lo reclame, entonces se puede dar el caso de que al no haber ningún registro de defunción es como si estuviera viva, pero el hecho de que aparezca como si estuviera viva estando muerta efectivamente, da para que se use esa identidad para adquirir, por ejemplo, una vivienda, un yate, un avión, o para que se utilice en los procesos electorales que tanto han denunciado algunas figuras políticas, quienes han recomendado pues que hay que verificar los registros pues estos dependen del Consejo Nacional Electoral”, explica Jiménez.

Uno de los técnicos forenses que examinaron los cadáveres no identificados en el estado Bolívar, aparentemente víctimas de la violencia del oro. (Foto cortesía William Jiménez).

Tras el informe que le fue enviado al Ministerio de Interior y Justicia, tan sólo se realizó una destitución del doctor Freddy Rincón, lo que Jiménez cree que fue “debido pues a las altas relaciones de parentesco con estos funcionarios vinculados al gobierno, es que solamente lo removieron del cargo y hasta allí, entonces no hubo una sanción ejemplar”.

Al desaparecer esos libros que llevan el control de los cadáveres que ingresan a la morgue, las actividades ilícitas tienen más espacio para realizarse al no haber más control ni fiscalización, entonces “nos encontramos con esta serie de situaciones en las que queda al libre albedrío de quienes laboran allí, el tergiversar, manipular, comercializar y realizar cualquier tipo de situación irregular sin que el Estado sancione a los responsables que permiten que estas cosas sigan sucediendo”, dice Jiménez.

La montaña de cadáveres de Chirica

Al consultarle a Jiménez si considera este tipo de prácticas comunes en el resto de las morgues de la Venezuela chavista, nos responde que “no hay que poner en duda que eso pudiera haber ocurrido en otros estados, por ejemplo nos encontramos con otra situación, distinta a la del Zulia, pero con presencia de increíbles irregularidades, que es el caso del Cementerio de Chirica”.

Desde Chirica, estado Bolívar, les llegó la información de que ocurrían hechos irregulares en el cementerio de esa localidad, lo que les hizo trasladarse hasta el sitio. Se encontraron con un cementerio sin ningún tipo de mantenimiento, un terreno con un pastizal de casi tres metros de altura, al bajarse de los vehículos que los transportaba se escucharon unas detonaciones provenientes de un barrio ubicado detrás del cementerio, entonces tuvieron que pedir refuerzos de 15 efectivos de la Guardia Nacional. “Nos encontramos no solamente con depósitos de cuerpos que estaban con diversos tipos de características, unos habían perdido ya el tejido, otros estaban en una fase ya de descomposición , sino que también había una quema de desechos sólidos allí, donde aparecieron huesos”, describe la imagen del hallazgo de 17 cuerpos dentro de la llamada “morguecita”, un área física para desarrollar la actividad forense legal con cadáveres en avanzado estado de descomposición, dentro del cementerio en abandono.

Cadáveres apilados en la «morguecita» del cementerio de  Chirica, en el estado Bolívar. Los cuerpos apilados en avanzado estado de descomposición fueron abandonados después de ser abaleados. (Foto cortesía William Jiménez).

“Nos trasladamos un equipo de antropólogos, deontólogos y profesionales muy capacitados y empezamos como a un rompecabezas, a unir los huesitos, las piezas, fue un trabajo arduo de varios días, se levantó un informe que yo suscribí por instrucciones del coronel Domingo Argenis García Pérez, director del SENAMECF, que él le envió al ministro, donde describimos el hallazgo de estos cuerpos que tenían perforaciones de proyectil, porque se veía claramente el orificio con sus características que no dejaba dudas que era un proyectil que había atravesado ese cráneo. Allí encontramos prácticamente huesos”, relata, mientras también recuerda la llegada del Jefe del CICPC de esa región al lugar de los hechos, “que no se me olvida, apellido Ollarves, y nos vio a nosotros con una cara extraña, me acuerdo que se acercó al coronel García y le decía ‘Coronel ¿qué pretende usted?, ¿qué busca?’, con mala actitud, lo que nos hacía levantar más sospechas sobre los intereses y responsabilidades en lo encontrado”, refiere la fuente.

En ese mismo viaje fueron hasta Ciudad Bolívar, capital del estado y en la medicatura le realizan una entrevista a Johnny Barreto, director para ese momento de la morgue de la ciudad, quien les refirió “que nunca respetaron lo que llaman Cadena de Custodia para llevar el registro de los proyectiles que se colectan cuando se practican las autopsias; entonces nos encontramos con un balde lleno de proyectiles que no estaban organizados, rotulados, etiquetados como la ley establece y el manual único de resguardo de evidencias físicas que ha establecido el Ministerio Público, porque hay que recordar que cuando hay temas de muertes violentas, siempre la gente habla de la Fiscalía, de los Tribunales Penales y del CICPC, pero el principal órgano actor donde empieza todo el proceso es el SENAMECF”.

El equipo forense en el que William Jiménez participó para llevar a cabo el estudio de los 17 cadáveres descubiertos en el cementerio de Chirica, en el estado Bolívar (Foto cortesía William Jiménez).

Nuevamente se encontraron con que no existía registro de cadena de custodia del 2017 hasta al menos 7 años atrás, por lo que “las personas que han sido llevadas a los tribunales penales del estado Bolívar han quedado absueltas pues al no haber control de esto, esas experticias que no relacionan a los responsables van a quedar libres pues en una evacuación de pruebas, al no establecerse relación con las personas que están señaladas por los hechos que han sido investigados, entonces obviamente van a quedar libres, va a seguir la impunidad”.

El estado Bolívar es noticia actualmente por sus abundantes zonas plagadas de recursos minerales y preciosos como el oro, entre otros, y donde se está realizando la explotación de una serie de minas, lo que hace, según Jiménez, que existan “grupos en pugna, incluso hay organizaciones  que por darles un nombre elegante las llaman ‘El Sindicato’, que son estos grupos de guerrilla o paramilitares; entonces de los conflictos de intereses que se generan entre estos grupos, en los que está también involucrado hasta el gobernador Justo Noguera -pues es un general que recibe una alícuota, una cantidad, una remuneración por lo que se explota allí-, se generan hechos, muertes violentas porque obviamente los intereses que se producen hacen que se desarrollen este tipo de criminalidad, que encuentres que los mismos funcionarios que se benefician de lo que hay detrás de todo esto, se presten para apilar esos cadáveres allí; que en la medicatura forense se presten los médicos a no llevar el control ni el registro del resguardo de esas evidencias de esos proyectiles que luego tienen que pasar a lo que es balística del CICPC pero que nunca llegan”.

 

El estudio forense sobre los cadáveres del Cementerio de Chirica descubrió que varios habían sido tiroteados (Fotos cortesía William Jiménez).

A Jiménez no le queda duda de lo involucradas que están las altas esferas del régimen de Nicolás Maduro en estas irregularidades.

“Observamos las disputas que hay en diferentes órganos y que no se ven. Por ejemplo, había un funcionario de nombre Edwin… que nosotros lo destituimos y le abrimos su procedimiento y nos lo íbamos a llevar detenido porque lo encontramos en flagrancia en medio de sus funciones, porque encontramos en una computadora donde él, después de que cerraban las áreas administrativas del SENAMECF, tenía relaciones sexuales con unas jóvenes que trabajaban en unas funerarias, sobre los escritorios y las mesas de las oficinas. Él se grababa y aparecieron estos videos que prácticamente eran unas escenas pornográficas y nosotros hicimos el procedimiento, levantamos un acta, le hicimos unas preguntas a él y levantamos un informe. Lo que hizo Douglas Rico es que él lo sacó y para protegerlo lo mandó para Amazonas».

(Fotos cortesía William Jiménez)

«En una oportunidad que nosotros hicimos una inspección nos encontramos a ese funcionario allá, entonces resulta ser que después nos preguntamos qué hay detrás de toda esta protección para una persona que simplemente es un técnico forense que trabaja allí, y resulta ser que en una reunión donde estuvo presente el jefe del SEBIN de Yaracuy y el Secretario de Gobierno del Gobernador Heredia, se conoció que este joven cuando estaba en sus prácticas como técnico de autopsia, cambiaba los proyectiles en aquellos casos en los que estaban involucrados efectivos adscritos a organismos del gobierno y donde habían ordenado realizar ciertas actividades y que a veces por el uso excesivo de la fuerza o en la extra limitación de funciones el gobierno sabía que estaban comprometidos y eso le iba a generar una responsabilidad, entonces detrás de eso se generaban esos juegos de buscar cómo manipular o tergiversar las experticias, entonces por eso es que aparece este caso donde la persona no es procesada como corresponde y simplemente la cambian a otro estado y estamos en lo mismo: La impunidad que reina en el país”.

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