El último informe Bachelet confirma uso de la justicia para perseguir disidentes y violar DD.HH. en Venezuela
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En los casos documentados se hace referencia a fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales.
Redacción | Primer Informe
En esta nueva actualización del informe, la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet documenta numerosas violaciones causadas por la falta de independencia del poder judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia, otros tribunales y los fiscales del Ministerio Público con serias consecuencias para el Estado de Derecho, la democracia y los Derechos Humanos en Venezuela.
En el informe se identificaron varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, en particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical.
Bachelet, denunció nuevamente que persiste un patrón de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas por razones políticas en Venezuela. Lamentó que los actores políticos no lograran encontrar una solución negociada que resuelva la crisis en el país.
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Las elecciones no son creíbles
Aseguró que todavía no se avanza hacia un proceso electoral creíble y democrático. Reclamó que las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, disminuyen la posibilidad de construir condiciones democráticas. Recordó los bajos salarios en Venezuela, los altos precios de los alimentos, las terribles fallas de los servicios públicos y el precario sistema de salud.
De igual forma, denunció que su oficina no ha logrado acceder ni a la Dgcim ni al Sebin, y alertó sobre la gran cantidad de jóvenes asesinados por las fuerzas de seguridad. Entre enero y mayo de 2020, “habrían muerto violentamente 1.324 personas” en medio de los operativos de seguridad del Estado. El informe hace 16 nuevas recomendaciones, que sumadas a las anteriores, son 39 recomendaciones concretas para mejorar la situación.
El ACNUDH ha sido informado de que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha continuado basándose en dicho decreto para destituir a jueces por otros motivos. Desde el 2002 no se ha organizado ningún concurso de nombramiento público de jueces titulares.
Debido a la falta de transparencia y de publicidad en cuanto a la designación de los jueces por la Comisión Judicial del TSJ, es imposible comprobar si el proceso seguido cumple los requisitos legales. En 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que dicho proceso de designación había generado una situación en la que menos del 25 por ciento de los jueces eran titulares.
En los casos documentados se hacía referencia a fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales. Las personas detenidas también estuvieron expuestas a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante, esposadas y/o con los ojos vendados durante largos períodos y sometidas a amenazas de muerte contra ellas y sus familiares.
A raíz de estas agresiones, desarrollaron problemas psicológicos, como depresión, insomnio, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e ideas de suicidio, y físicos, como dolores crónicos, pérdida de sensibilidad en las extremidades, afecciones renales, hipertensión, lesiones oculares y pérdida de visión. El ACNUDH ha recibido informes en los que se denuncia que, en algunos casos, los médicos que atendieron a los detenidos emitieron certificados falsos o inexactos en los que no figuraban los signos de tortura
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