Acoso cibernético, la táctica de fusilamiento reputacional contra opositores en Cuba
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En los últimos meses se han difundido mensajes privados, fotos íntimas y conversaciones personales en línea de activistas, periodistas independientes y representantes de instituciones estatales cubanas.
Desde 2016, el equipo editorial de IPS Cuba advierte que los delitos relacionados con los derechos en línea, como la pornografía vengativa y el ciberacoso, tienen impunidad en las redes sociales en Cuba. Sin embargo, esto no solo ha sido una cuestión de violencia de género, sino que en los últimos meses también se ha convertido en un arma de ataque político.
Hace cuatro años, expertos e investigadores incluso advirtieron sobre la creciente emergencia en el país en términos de tácticas de intimidación sobre tecnología digital.
La presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho e I.T en ese momento, Yarina Amoroso, advirtió sobre la necesidad de acabar con la impunidad de los delitos digitales.
“No podemos permitir el acoso online, instigando el rencor, la pornografía y cualquier otro acto que atente contra nuestras buenas costumbres, convivencia y valores que son universalmente reconocidos como humanos y dignificantes”, insistió en entrevista con IPS Cuba.
Cuatro años después, la situación es exactamente la misma. O peor. Desde hace unos meses, fotos privadas, mensajes o fotos de activistas, periodistas independientes, locutores de medios estatales o representantes de instituciones estatales han aparecido en programas polémicos y populares en redes sociales, medios independientes y perfiles personales.
En filtraciones recientes, incluso podemos ver una creciente tendencia homofóbica, publicando mensajes con conversaciones homoeróticas, tratando de hacernos cuestionar la orientación sexual o identidad de género de los involucrados en las filtraciones. En la mayoría de los casos, estas revelaciones se les hacen a los hombres con detalles de su vida personal, casi siempre vinculados a supuestas relaciones homosexuales.
Esta cuestionable tendencia crece día a día y genera una gran controversia entre quienes apoyan o se oponen al gobierno y entre la población en general.
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Rechazo social
Las reacciones llegaron inmediatamente después de estas violaciones de la privacidad de las personas: colegas, celebridades, movimientos, activistas, la sociedad en general se han pronunciado en contra de estas revelaciones ilegales. Las pequeñas campañas y el apoyo a las víctimas incluso siguen circulando en las redes sociales.
Yasmany Perez Llorente, internauta que comentó sobre una de estas filtraciones en Facebook, no cree que ninguna causa política justifique exponer la vida privada de las personas.
Algunas personas creen que estas publicaciones han sido una acción / reacción entre diferentes grupos progubernamentales y de oposición, que están utilizando la homofobia como táctica de ataque.
Mientras tanto, Yoly Guerra cree que estas acciones muestran muy poco respeto por la privacidad de otras personas. “Estamos en 2020; demostremos respeto por la privacidad de las personas «, dijo.
En la mayoría de los casos, es difícil identificar quién fue el responsable de piratear la cuenta para obtener la información. Las víctimas lo han dicho ellas mismas, después de informar que su Facebook, Messenger, correo electrónico y otras cuentas habían sido pirateadas.
Quizás por eso están creciendo los puestos de trabajo para cuentas de Whatsapp o perfiles de Telegram, así como para algunos servicios de mensajería que son mundialmente reconocidos por sus algoritmos de seguridad. Telegram es un servicio de chat privado con una función de autodestrucción para los mensajes, que notifica a los usuarios si alguien captura su texto en la pantalla y ofrece cifrado de extremo a extremo.
Sin embargo, no usar las redes sociales de manera responsable no excusa el crimen de invadir la privacidad de alguien.
Ilegal pero sin poder demandar
La protección de datos personales y la garantía de privacidad para las personas en un espacio cada vez más digital, sigue siendo un tema pendiente en Cuba, incluso cuando se han tomado algunas acciones.
La falta de normativas específicas y la presencia de una mirada administrativa en los pocos que lo hacen, hacen que el país caribeño necesite un marco legal que cubra, con mayor precisión y abarque todas las formas de violaciones, tanto la protección de datos como la privacidad de los usuarios en sus espacios digitales.
Las referencias constitucionales y legales son limitadas y están orientadas a proteger al estado y al gobierno, y no a proteger la información personal de los ciudadanos.
Según el artículo 48 de la nueva Constitución, aprobada en 2019 mediante referéndum, “toda persona tiene derecho a que se respete su privacidad personal y familiar, así como su propia imagen y voz, honor e identidad personal”. Por otro lado, el artículo 41 establece que “el Estado cubano reconoce a toda persona como garantía el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, de acuerdo con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación”.
En la misma línea, el artículo 46 establece que “Todos los ciudadanos tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y su desarrollo integral”.
Entonces, en general, los hackeos son inconstitucionales y violan tres de los artículos de la Constitución.
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Desde la imposición del Decreto 370 en 2018, sobre la “Informatización de la sociedad cubana” se sanciona la “difusión de información, a través de redes públicas de intercambio de datos, que atenta contra el interés social, la moral y la decencia e integridad de las personas”. La multa por sanción puede ser una multa de 3000 pesos ($ 120 USD) para una persona física, y en el caso de que sea una persona jurídica, puede ser de hasta 10,000 pesos cubanos.
Sin embargo, casos recientes muestran que esta regulación legal se ha implementado más con fines administrativos y políticos, para limitar los cargos de activistas y periodistas independientes contra el gobierno.
Por otro lado, como los delitos cibernéticos vinculados a violaciones a la privacidad no están estipulados en el Código Penal (1987), todo se deja a la interpretación y aplicación discrecional de las leyes vigentes y de acuerdo con hechos concretos.
Por ejemplo, algunos abogados han aconsejado aplicar el artículo 303 del Código Penal, que sanciona la agresión al pudor como quien “ofende, produce o hace circular publicaciones, capturas de pantalla, cintas de películas, grabaciones, fotografías o cualquier otro objeto que sea obsceno, que tienda a pervertir o degradar el comportamiento decente «.
Sin embargo, este anexo es de naturaleza muy limitada y ambigua. Agregue a esto la poca experiencia de los expertos y el personal policial para rastrear los delitos cibernéticos; y de abogados en llevar este tipo de casos a juicio, incluidos aquellos que podrían implicar demandar a la plataforma de medios que publica este tipo de información pirateada.
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