Tres pequeños fondos adquieren bonos venezolanos para presionar por sus pagos
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Estos inversionistas creen que es hora de actuar y evaluar opciones legales, antes que aguardar por una negociación amistosa con los aliados de Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela.
Redacción | Primer Informe
Tres pequeños fondos de inversión acumulan bonos venezolanos en default buscando alinear una nueva estrategia de cobro ahora que el régimen de Nicolás Maduro intenta una nueva reestructuración.
Canaima Capital Management, con sede en la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha; Altana, basado en las Islas Caimán; y también Copernico, que opera en Uruguay, han comprado títulos a descuento entre tenedores que llevan casi tres años sin cobrar capital e intereses, señalaron ocho fuentes financieras en Caracas, Nueva York, Miami, Madrid y Londres.
Los fondos parecen ser parte de un pequeño grupo de inversionistas que tienen una visión distinta al consenso más amplio del mercado, convencido que tras tantos meses de incumplimiento, hay detrás de la deuda venezolana poco valor y conviene esperar que el país encuentre una salida a la profunda crisis política y económica.
Estos inversionistas más bien creen que es hora de actuar y evaluar opciones legales, antes que aguardar por una negociación amistosa con los aliados de Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela.
Desde Latinoamérica y Europa advierten a bonistas que después de 2020 es posible que no puedan recuperar intereses en mora, al citar una vaga «cláusula de prescripción» a tres años incluida en contratos de algunos bonos, una afirmación que el comité principal de acreedores de Venezuela niega rotundamente.
Pero al amplificar estas preocupaciones en el mercado, los fondos alimentan el nerviosismo y la disposición de un grupo de tenedores de bonos venezolanos de vender sus papeles, dijeron cuatro fuentes del sector financiero venezolano a Reuters.
Altana, que según dos de las fuentes estaba ofreciendo comprar bonos este año, emprendió acciones legales contra Venezuela para intentar forzar el pago. El 8 de octubre demandó ante un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York que le paguen unos 108 millones de dólares por sus títulos venezolanos en default.
La acción legal se hizo después de que los fondos de inversión Casa Express y Pharo Gaia Fund ganaran su derecho a reclamar unos 400 millones de dólares por bonos venezolanos bajo incumplimiento en tribunales estadounidenses, un revés para el equipo de Guaidó, que se oponía. El juicio podría llevar a más tenedores a demandar en lugar de esperar a una negociación.
«Si la única forma de detener la prescripción es demandar, tenemos que demandar, a menos que lleguemos a algún tipo de acuerdo», dijo Celestino Amore, director gerente de la firma londinense IlliquidX, que trabaja con Canaima Capital Management, para comprar deuda venezolana o unir fuerzas con otros inversores.
Luke Allen, un director no ejecutivo independiente de Canaima, dijo en un comunicado que unió fuerzas con lliquidX «enfocados en lanzar un vehículo dedicado a oportunidades de deuda soberana venezolana».
Copernico, que según un documento visto por Reuters maneja activos por unos 600 millones de dólares, ha acumulado bonos venezolanos con un valor nominal de entre 100 y 500 millones de dólares, según tres personas familiarizadas con el asunto.
Las sanciones de la administración de Donald Trump prohíben a los fondos estadounidenses renegociar títulos emitidos por Venezuela, con el objetivo de bloquear cualquier oxígeno al gobierno de Maduro.
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Una jugada clave
La ministra de finanzas venezolana, Delcy Rodríguez, reforzó la prescripción en una propuesta de septiembre que hizo para intentar renegociar con los tenedores de bonos, con el apoyo de un bufete en Europa.
Su propuesta llegó cuando los bonos emitidos por el gobierno de Venezuela se negocian cerca del 7% del valor nominal, mientras que los emitidos por la petrolera estatal PDVSA se venden en alrededor del 3%, según datos de Refinitiv Eikon. Los títulos cayeron en incumplimiento a fines de 2017.
El Comité de Acreedores de Venezuela, que agrupa principalmente a inversores estadounidenses, ha dicho repetidamente que la cláusula de prescripción es irrelevante, pues se activa una vez que Venezuela y PDVSA transfieren los pagos de capital e intereses a instituciones financieras, y eso no ha sucedido. Los bonos se rigen por la ley de Nueva York que contempla la prescripción a seis años.
El procurador especial designado por Guaidó dijo también que la cláusula de prescripción no se ha activado.
En un comunicado este mes, el comité agradeció la comunicación del funcionario designado por quien reconocen como presidente interino del país, Juan Guaidó; y reiteró «su voluntad de trabajar en una reestructuración amistosa», aunque declinó hacer más comentarios.
Es posible que si más inversionistas se agrupan en estos fondos fuera de Estados Unidos, el gobierno de Maduro se apresure a intentar alguna negociación, dijeron dos de las fuentes consultadas.
A la par de la propuesta de Maduro de reconocer el pago de intereses pese a la prescripción, la oficialista asamblea constituyente, aprobó una ley «antibloqueo» que permitiría ceder manejos en el área petrolera y negociar con los bonistas. Con la ley «se buscan fórmulas, porque los tenedores, los inversionistas son exigentes con la seguridad jurídica», dijo Hermann Escarrá, un influyente constituyente cercano a Maduro.
Pese a las aclaratorias, el ruido sigue en el mercado, y mientras algunos tenedores se animan a salir de sus papeles, otros ven una oportunidad. «(La de Maduro) fue una jugada audaz, que favorece a estos fondos», dijo un asesor financiero en Caracas familiarizado con el caso.
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