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“El Gobierno de Petro, una vez más, tiende la mano al narcotráfico en Colombia y humilla a miles de familias al cancelar medidas policiales para impedir la tenencia de drogas”, denunció el fiscal de Colombia.
Redacción | Primer Informe
El presidente colombiano de extrema izquierda, Gustavo Petro, derogó un decreto que tipificaba como delito el porte y consumo de “dosis personales” de estupefacientes en el país, permitiendo a los ciudadanos poseer hasta un gramo de cocaína sin repercusiones legales.
El decreto ahora derogado, conocido como “Decreto 1844”, fue firmado en 2018 durante la administración del expresidente Iván Duque, antecesor de Petro. Permitió a la Policía Nacional de Colombia combatir el microtráfico de narcóticos en espacios públicos al prohibir la posesión de “dosis personales”, permitir la incautación de los narcóticos e imponer multas y/o prisión a los infractores.
Según la Ley del Estatuto Nacional de Estupefacientes de Colombia de 1986, una “dosis personal” se define como una “cantidad de marihuana que no exceda los veinte gramos; de marihuana hachís que no supere los cinco gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda de un gramo; y de metacualona que no exceda de dos gramos”.
Petro, un ex miembro de la guerrilla marxista M19, se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia en 2022. Bajo su presidencia, el gobierno colombiano adoptó el consumo de drogas a través de un programa socialista que Petro llamó “paz total”. Petro ha insistido repetidamente en que los hidrocarburos y el azúcar son “más venenosos” que la cocaína. Los miembros del gobierno de Petro han hecho llamados abiertos a la legalización total de la droga.
Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Citando estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bloomberg predijo en septiembre que la cocaína pronto superaría al petróleo como principal producto de exportación de Colombia, potencialmente a finales de 2023. Con Petro, Colombia está produciendo cocaína a los niveles más altos en más de dos décadas.
El hijo de Petro, Nicolás Petro Burgos, se encuentra actualmente siendo juzgado por cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los fiscales alegan que tienen pruebas de que Petro Burgos recibió dinero de narcotraficantes con la intención de invertir en la campaña presidencial de 2022 de su padre.
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La defensa de Petro y las críticas
Petro defendió la derogación del decreto afirmando el sábado que “si la constitución permite dosis personales, la actividad policial no debería centrarse en perseguir a los consumidores de drogas, sino más bien en perseguir a los grandes narcotraficantes y en tomar medidas contra los delitos que afectan a los ciudadanos”.
Duque, quien firmó el decreto de 2018, dijo el domingo a la revista colombiana Semana que la derogación es una medida “absolutamente absurda” y “torpe”, desestimando los argumentos de que la medida alinea la ley con las sentencias de la Corte Constitucional.
Duque explicó que lo que buscaba el decreto de 2018 era la protección de niños, niñas y adolescentes y garantizar sus entornos seguros “de tal manera que pudiéramos darle herramientas a la Policía para poder incautar la droga que había en las calles, en los parques y también en aquellos lugares donde exista una movilización permanente de menores de edad”.
“El consumo de dosis mínimas de ciertos alucinógenos está protegido por sentencias de la Corte Constitucional, pero no su porte y comercialización en espacios públicos y en ambientes familiares seguros”, explicó Duque.
“Con la decisión tomada por el Gobierno lo único que se está garantizando en este momento es que los jíbaros van a hacer su negocio”, vaticinó, “porque tendrán plena libertad para transportar pequeñas dosis narcóticos en las calles con el fin de inundar de drogas los parques y los ambientes de los menores”.
El fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, criticó al presidente de extrema izquierda en declaraciones dadas también a Semana. Barbosa rechazó duramente la decisión de Petro, afirmando que pone en riesgo la seguridad de niños y adolescentes en los espacios públicos.
“El Gobierno de Petro, una vez más, tiende la mano al narcotráfico en Colombia y humilla a miles de familias al cancelar medidas policiales para impedir la tenencia de drogas”, denunció Barbosa. “Los niños y adolescentes quedan desprotegidos en sus entornos, incluidas las escuelas y los parques”.
Barbosa aseveró que, si bien es “claro que en Colombia el consumo de la dosis personal está protegido y así lo ha establecido la Corte Constitucional”, la derogatoria “acabó” con la prevención de drogas en ambientes públicos seguros como los parques y, “por lo tanto, los niños y sus familias son atacados”.
“Esto causa dolor e indignación. El Estado está para proteger a los menores. Este gobierno se ha caracterizado por defender a los criminales y no a las víctimas”, dijo Barbosa.
El Fiscal General de Colombia aseveró que a partir de ahora, debido a la decisión de Petro, “puede haber porte y comercialización de drogas en cualquier rincón de Colombia, como marihuana, bazuco, cocaína y hasta fentanilo”.
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Familias disfuncionales
El expresidente conservador Álvaro Uribe Vélez criticó duramente el sábado la medida de Petro y afirmó que la derogación del decreto es un paso hacia la normalización de la familia disfuncional.
“La legalización del consumo recreativo y la eliminación de los controles policiales es un paso para omnipresentar la familia disfuncional, para destruirla [la familia], para llevar a la juventud a la zozobra y al aniquilamiento”, escribió Uribe Vélez en X. “Esto contribuye a la destrucción de la Nación, aunque al principio no se note. Es el camino ascendente hacia el fentanilo y la muerte”.
“Entonces tendremos a mamá y papá ‘drogados’ los fines de semana y a niños, adolescentes y jóvenes a la suerte de la calle”, prosiguió.
Petro respondió a las declaraciones de Uribe afirmando que no ve “ninguna razón por la cual derogar las multas inconstitucionales de Duque haría disfuncional a la familia”.
“Por el contrario, la herida abierta entre la juventud del barrio y la policía local puede cerrarse poniendo fin a la insensata persecución estatal a los jóvenes sospechosos de ser consumidores sólo por ser jóvenes; la mayoría de ellos no son consumidores”, escribió Petro en X.
“Con la derogación del decreto, cesan las multas y el extorsión que conlleva, los traslados al Comando de Atención Inmediata de la Policía Nacional y en muchos casos las golpizas, las extorsiones y hasta los abusos a las mujeres”, afirmó Petro.
Petro continuó su mensaje aclarando: “Todas las normas de penalización de la comercialización de drogas y el narcotráfico siguen vigentes”.
“Durante los gobiernos de Uribe y Duque la juventud barrial fue presentada como el enemigo interno, lo que llevó a la ejecución de miles de jóvenes”, afirmó Petro. “Esa guerra contra la juventud ha terminado. La policía debe lograr poner fin a la desconfianza de los vecinos hacia los jóvenes y centrarse en lo que la ley prohíbe”.
Petro siguió divagando en un tercer mensaje.
“La prohibición del consumo en lugares públicos debe ser establecida por cada municipio”, añadió.
El Partido Conservador de Colombia anunció este domingo que presentará al Congreso de la nación un proyecto de ley para restablecer la acción ejecutiva derogada por Petro, argumentando que es necesaria para coadyuvar en la lucha contra el microtráfico de estupefacientes y la seguridad ciudadana.
