La vieja deuda de PDVSA que España no puede cobrarle a Maduro
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Una empresa española sufre consecuencias inadvertidas de entrar en negocios con empresas controladas por el régimen chavista.
Redacción | Primer Informe
Desde el año 2015, el estado español intenta, sin éxito, cobrar una deuda a PDVSA. Específicamente, la deuda pertenece a la empresa Bariven. Esa es una filial de la estatal petrolera venezolana encargada de la adquisición de materiales y equipos necesarios para la explotación de los hidrocarburos.
España ha activado diversos mecanismos para presionar a la dictadura de Maduro por el pago. Incluso planteó llevar el caso ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Allí planea interponer una reclamación de impagos. Pero el proceso está truncado.
El arbitraje sería en nombre de Cofivacasa. Esta empresa se dedica a la compraventa de materiales siderometalúrgicos.
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Esa empresa está controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este organismo es el mismo que rescató con 53 millones de euros a la dudosa aerolínea Plus Ultra, una empresa que también tiene vínculos con el chavismo.
Bariven dejó un gran número de facturas sin pagar a Cofivacasa. A la empresa española le había contratado la fabricación de unos intercambiadores de calor.
Estos sistemas se destinaron a la primera fase de la refinería ‘Batalla de Santa Inés‘. El proyecto de PDVSA tenía estimado un presupuesto de más de € 4.000 millones. La planta iba a ser inaugurada en 2010 y debía procesar 100.000 barriles diarios de crudo. La obra nunca se concluyó.
Nada funciona
La posibilidad del arbitraje internacional surge porque todas las gestiones de cobro extrajudiciales intentadas desde 2015 han fracasado.
Una carta dirigida en 2016 a Mario Isea, embajador de Maduro en España, tampoco consiguió avanzar en el cobro. La misiva intentaba lograr una solución amistosa y satisfactoria para ambas partes. La comunicación fue ignorada.
La SEPI es un brazo inversor del Gobierno español. Entre sus competencias está reclamar pagos pendientes. También emprender acciones legales si fuera necesario, aun cuando la cifra en juego no sea significativa y los costes de entrada del procedimiento sean elevados.
No consiguen abogados
El contrato de la empresa española con Bariven contenía una cláusula de sumisión a arbitraje por todas las controversias derivadas del mismo. Pero, la SEPI no ha recibido ni una sola oferta para recibir asistencia jurídica.
Realizaron una convocatoria pública para contratar a una firma de abogados. Pero el concurso quedó desierto ante la falta de interés por parte de los despachos legales en el proceso.
Esto sucede porque el monto del contrato es muy bajo. Asciende a 1,74 millones de euros, cantidad equivalente a la mitad de la deuda objeto de recobro (3,5 millones más intereses). La cifra sería insuficiente debido la especial complejidad del proceso.
El encargo abarca tanto el desarrollo del arbitraje en su fase inicial, como las impugnaciones o ejecuciones del laudo necesarias para materializar el cobro. Eso en el caso supuesto de que la corte falle a favor de Cofivacasa.
«Como norma, estos procedimientos internacionales suelen dilatarse durante años. Ello hace que sea imposible definir el tiempo de dedicación por parte de los asesores jurídicos y, por tanto, que el presupuesto planteado resulte poco ajustado respecto a los niveles del mercado privado», escribe el portal La Información.
¿Y si Venezuela no paga?
Pero incluso si la SEPI obtiene un veredicto favorable es probable que PDVSA no pague. «La situación de especial incertidumbre política y social en Venezuela, unida al hecho de que la empresa reclamada ostenta la condición de pública, sin duda no ha facilitado que se atendieran los requerimientos efectuados», advierte el organismo español.
Sin embargo, España, sigue adelante con su pretensión de recuperar el dinero.
Con datos de La Información.
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