Diosdado Cabello quiere la web de El Nacional para tener más medios para perseguir a la disidencia
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También dijo que iría por el portal de La Patilla y así fortalecer la llamada «hegemonía comunicacional» del chavismo, que según un estudio de Amnistía Internacional se traduce en persecución y cárcel para cientos de activistas que adversan a la dictadura.
Redacción | Primer Informe
El madurismo busca seguir expandiendo las plataformas de comunicación que usa como una herramienta de represión contra disidencia. Recientemente, el número dos del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, se hizo dueño de la sede del diario venezolano El Nacional.
La cuestionada decisión de un tribunal controlado por la dictadura otorgó Cabello la propiedad del edificio de la sede de ese periódico y los terrenos en los que está construida.
Eso suma al pago de una millonaria cifra también ordenado por el tribunal a favor de Cabello en su demanda por «daños morales». Sin embargo, el jerarca chavista quiere más.
“Ahora me provoca ir por la página, porque con el valor de El Nacional no me pagaste, creo que voy a ir por la página, creo…”, afirmó en su programa televisivo, «Con el mazo dando».
La amenaza de Cabello va dirigida a Miguel Henrique Otero, editor de El Nacional. También amenazó de la misma manera al portal de noticias La Patilla.
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Los presos de Diosdado
De concretarse los planes de Cabello solo le darían otro espacio para estigmatizar a sus adversarios y llevarlos a la cárcel. Su programa siempre ha servido como una avanzada represiva.
Al menos 481 arrestos arbitrarios cometidos por el régimen empezaron con una estigmatización en su programa.
Los datos provienen del informe ‘Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela’. Se trata de un estudio publicado por Amnistía Internacional.
Las organizaciones venezolanas Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) y el Foro Penal colaboraron con la investigación.
Al programa de Cabello se unen también los portales ‘Misión Verdad’ y ‘Lechuginos’, la maquinaria de esparcir fake news del chavismo. Los mensajes de odio de esas plataformas preceden con frecuencia las detenciones ilegales de del régimen.
Los objetivos de la estigmatización pueden ser personas defensoras de derechos humanos, o detractores ideológicos La exposición y hostigamiento por la televisión pública, internet y redes sociales busca siempre neutralizar el trabajo de denuncia que vienen haciendo.
¿Cuántos arrestos en dos años?
En el estudio, las organizaciones identificaron 300 eventos de estigmatización entre enero de 2019 a junio de 2021. Llegaron a la conclusión que la difusión de los mensajes estigmatizantes «constituyen actos de persecución» y sirven «al propósito de la política de represión» madurista.
En concreto, el estudio revela que en 2019 la correlación general entre los ataques en los medios y las detenciones por motivos políticos fue del 29%. Pero la persecución se ha recrudecido tanto que en 2020 creció un 42% y en el primer semestre del 2021 alcanzó el 77%.
Al menos en 486 detenciones arbitrarias, el portal web “Misión Verdad” había realizado estigmatizaciones tres días antes de que sucediera el arresto.
De igual forma, en 481 casos habría ocurrido lo mismo por parte del programa televisivo ‘Con El Mazo Dando’. En alrededor de 100 casos los arrestos se producían tres días después de que el portal ‘Lechuguinos’ publicara información acusatoria.
En coordinación perfecta, después de la estigmatización, empiezan a actuar los cuerpos de represión. Principalmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Sin embargo, en el último año hubo un incremento de arrestos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
Más de 1.000 agresiones
En tres años se han registrado 1.181 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. De ellas, 785 han sido por estigmatización, según el estudio.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, remarcó que esa «coordinación entre los medios y la policía «es el un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia crímenes de lesa humanidad». Pidió que sea investigado por la Justicia Internacional.
Mariana Romero, directora general del CDJ, asegura que la estigmatización es ahora «una política de Estado y deriva en el crimen de persecución».
Entre los casos que menciona a modo de ejemplo se encuentran los ataques al Observatorio venezolano de conflictividad social. El director de esa organización, Marco Antonio Ponce, ha sido víctima de mensajes de odio desde el año 2011.
Recientemente, la ONG Fundaredes, afrontó una fuerte campaña de estigmatización que derivó en la detención de tres de sus miembros, que permanecen hoy privados de libertad.
Gonzalo Himiob, de la organización Foro Penal, que también participó en la investigación, dijo: «Este informe demuestra que no son hechos desvinculados y responde a una política materialmente vigente». Añadió que se va a poder investigar «a los actores políticos implicados que van más allá de los ejecutores inmediatos».
Con información de ABC y Monitoreamos.
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