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El 15 de agosto de 2023, Ortega tomó posesión de una universidad dirigida por jesuitas alegando que se había convertido en un «centro de terrorismo», «traicionaba la confianza del pueblo nicaragüense» y «transgredía el orden constitucional y legal.»
Redacción | Primer Informe
El dictador nicaragüense Daniel Ortega declaró ilegal a la orden religiosa de los jesuitas y ordenó la confiscación de todos sus bienes.
La orden de los jesuitas, que apoyó al grupo guerrillero sandinista de izquierda y el ascenso al poder de Daniel Ortega a finales de los años 1970 y principios de los 1980, se había vuelto cada vez más crítica con el régimen de Ortega en los últimos años.
El padre jesuita Fernando Cardenal, defensor de la Teología de la Liberación y miembro de los sandinistas, fue ministro de educación de Nicaragua de 1984 a 1990. El Papa Juan Pablo suspendió al padre Cardenal por su activismo político en violación del derecho canónico, junto con varios otros sacerdotes. incluido su hermano, el padre Ernesto Cardenal.
Fernando Cardenal continuó viviendo en una casa jesuita mientras fue ministro de Educación y fue formalmente readmitido en la orden jesuita en 1997, después de haber renunciado a su membresía en los Sandinistas en 1993.
Sin embargo, a medida que Daniel Ortega comenzó a adoptar una postura cada vez más dura contra la Iglesia Católica, la orden jesuita se volvió cada vez más crítica con sus políticas, y la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, dirigida por los jesuitas, fue un centro de protestas contra el régimen de Ortega en 2018.
El 15 de agosto de 2023, Ortega tomó posesión de la universidad a través de una orden emitida por la jueza Gloria Saavedra, en la que alegaba que la UCA se había convertido en un «centro de terrorismo», «traicionaba la confianza del pueblo nicaragüense» y «transgredía el orden constitucional y legal.»
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La toma de la universidad, una de las 26 universidades nicaragüenses cerradas por el régimen sandinista desde 2021, fue seguida tres días después por el desalojo de la comunidad jesuita local de su residencia cercana.
En respuesta, la provincia centroamericana de la orden jesuita emitió un reproche formal al gobierno, negando los cargos contra la UCA como «totalmente falsos e infundados.»
«Se trata de una política gubernamental que viola sistemáticamente los derechos humanos y que parece encaminada a consolidar un estado totalitario», afirmaron. «Es necesario e imprescindible que se permita a nuestra universidad ejercer su inalienable derecho a la legítima defensa frente a dichas acusaciones».
El 23 de agosto, las autoridades nicaragüenses prohibieron la entrada al país a toda la orden jesuita y ordenaron la confiscación de todos sus bienes, alegando que la orden no había cumplido con la declaración de impuestos.
La provincia jesuita centroamericana emitió otra declaración esta semana, condenando la «nueva agresión contra la Orden Jesuita en Nicaragua» y apelando al cese inmediato de la «represión sistemática» del régimen.
La Iglesia católica nicaragüense ha sido objeto de numerosos ataques e intimidaciones por parte del régimen de Ortega, y varios clérigos han sido expulsados o detenidos, como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que cumple 26 años de cárcel por cargos falsos de traición a la patria, atentado contra la integridad nacional y difusión de noticias falsas.
