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Una de las órdenes de arresto fue emitida contra Wagner Ferreira Filho, acusado de pagar US$4.917 para alquilar un autobús para los manifestantes del 8 de enero.
Redacción | Primer Informe
La Policía Federal de Brasil (PF) actuó para cumplir el lunes 46 órdenes de búsqueda e incautación y una orden de arresto contra personas sospechosas de financiar los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
Ese día, miles de partidarios del expresidente conservador Jair Bolsonaro acudieron en masa al corazón de Brasilia (sede del Congreso, la Corte Suprema y la oficina presidencial de la nación) para protestar contra la elección del presidente socialista Luiz Inácio Lula da Silva. Lula derrotó a Bolsonaro e inició su tercer mandato presidencial el 1 de enero de 2023.
La protesta se convirtió en un motín después de que los manifestantes asaltaron las instalaciones del Congreso de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el palacio presidencial de Planalto, causando daños importantes a las instalaciones, el mobiliario y los objetos históricos de valor incalculable que allí se albergan. No se reportaron muertes como resultado del motín.
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Las órdenes policiales del lunes son parte de la fase 23 de la Operación “Lesa Pátria” (un modismo portugués que se traduce aproximadamente como “crímenes contra el Estado”). El operativo es una amplia investigación permanente contra personas u organizaciones sospechosas de haber financiado, organizado y/o participado en el motín del 8 de enero. Las órdenes de arresto en esta última ola se emitieron para ubicaciones en 11 de los 27 estados de Brasil.
La TV Globo de Brasil informó el lunes que la orden de arresto preventivo fue emitida contra Wagner Ferreira Filho, un ciudadano brasileño acusado de pagar 24.000 reales brasileños (4.917 dólares) para alquilar un autobús para los manifestantes del 8 de enero. Según investigaciones de la policía local, las huellas dactilares de Ferreira Filho fueron encontradas en un marco de vidrio dentro del Congreso brasileño.
