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Una ejecución extrajudicial desnuda al régimen chavista ante la Corte Interamericana de DDHH

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Una ejecución extrajudicial desnuda al régimen chavista ante la Corte Interamericana de DDHH

El caso demuestra que los abusos cometidos por los organismos policiales bajo el control político chavista quedan impunes en Venezuela.

Redacción | Primer Informe

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado venezolano es responsable por la muerte de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez. Efectivos de la Policía del estado Falcón lo ejecutaron extrajudicialmente en el año 2003.

El dictamen de la corte explica que hubo discriminación por edad y condición socioeconómica. La condena también incluye el asesinato de Ramón Antonio Molina Pérez, tío de Guerrero.

De acuerdo con la Corte Interamericana, el régimen chavista violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal de la víctima. También vulneró sus garantías judiciales.

Además fue violado el derecho a la vida de Ramón Antonio Molina Pérez, los derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales y a la protección judicial de los familiares de las dos víctimas.

Este dictamen llega mientras la Corte Penal Internacional continúa evaluando si la dictadura de Nicolás Maduro debe ser investigada por crímenes de lesa humanidad.

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Asesinato a manos de la policía

Los hechos que llevaron a la ejecución extrajudicial sucedieron el 30 de marzo de 2003. Ese día, Jimmy Guerrero y su pariente Ramón Molina murieron manos de agentes de la policía en el estado Falcón.

Antes, los efectivos policiales lo habían hecho blanco de hostigamiento, detenciones ilegales y arbitrarias e incluso actos de tortura.

Durante uno de los episodios, en el que Jimmy Guerrero fue torturado y detenido arbitrariamente por la policía, los agentes le señalaban que él era una persona “antisocial” y “peligrosa”.

En su Sentencia, la Corte hizo notar que los actos cometidos contra Jimmy Guerrero estuvieron motivados por preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza.

Los funcionarios policiales demostraron un grave ensañamiento contra el cuerpo de Guerrero una vez consumado el asesinato. Eso lo interpretaron los jueces como una manifestación de la violencia policial contra Guerrero por su condición de pobreza.

También lo consideraron un signo de la convicción de los agresores de que su crimen quedaría impune.

El Tribunal señaló que el Venezuela incumplió con sus obligaciones derivadas de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Destaca también la falta de investigación de los hechos cometidos contra Jimmy Guerrero antes de su muerte.

Llegó a la misma conclusión en relación con el modo en que se realizaron las investigaciones de los hechos que derivaron en las muertes de Guerrero y Molina. La justicia chavista nunca investigó ninguna de las arbitrariedades cometidas contra las víctimas.

Con información de la CIDH.

 

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