Una lista anónima provoca denuncias en EE.UU por parte de empresarios de Falcón
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Un portal que asegura que agencias federales de Estados Unidos supuestamente investigan una lista con cientos de nombres de personas nativas del estado Falcón, en el occidente venezolano, generó denuncias y solicitudes de aclaratorias por parte de empresarios afectados ante organismos judiciales norteamericanos. Primer Informe investigó y esto fue lo que encontró.
Redacción | Primer Informe
Empresarios del estado Falcón, Venezuela, denunciaron una presunta campaña de amedrentamiento y extorsión a través de la publicación de una lista anónima que involucró a decenas de hombres de negocios al lado de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en la región, con presuntas actividades ilícitas que estarían bajo investigación de agencias federales en Estados Unidos.
En una misiva que planean distribuir en diversas instancias del gobierno estadounidense, conocida por Primer Informe, los empresarios solicitaron una investigación de sus actividades empresariales, luego que una lista distribuida en redes sociales desde marzo pasado, indicó nombres, apellidos y números telefónicos locales de personas que estarían bajo investigación de dos agencias federales.
La información fue publicada originalmente en el portal www.noticiaendigital.com. Según el sitio que lista los propietarios de portales en internet Whois, el nombre de ese portal fue adquirido a través de namecheap.com, pero no tiene información pública de los responsables del portal.
La lista incluye un total de 119 nombres, e incluye empresarios locales, oficiales militares, funcionarios policiales y autoridades electas actualmente activas en el estado. Varias de las personas, sin embargo, son mencionados únicamente por su apellido o su apodo, como «Niño Hurtado», «Gocho Verdura» o «Machaca».
De acuerdo a una versión revisada por Primer Informe, consignada por los empresarios, la lista es precedida por el siguiente mensaje: «Escándalo! Se filtra listado de empresarios, comerciantes, militares y funcionarios del estado Falcón vinculados al gobierno venezolano que estarían siendo investigados por agencias federales norteamericanas».
La lista incluye casi una decena de funcionarios como el coronel Vigil Rodríguez Sabino, jefe de Inteligencia del Zodi Falcón, el comisario José Gregorio Ascanio Toledo, ex jefe del CICPC (la policía judicial venezolana) en el estado Falcón, el teniente coronel Luis Alfredo Sánchez, comandante del Destacamento 131, con sede en Punto Fijo, el fiscal tercero del Ministerio Público Carlos Chirinos, y el jefe regional del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), comisario Dave Figuera, entre otros.
También incluye funcionarios electos como los alcaldes de Coro, Pablo «Pito» Acosta, y del municipio Colina, Argenis Leal.
El coronel Vigil Rodríguez Sabino aparece mencionado como «anfitrión» de la visita en agosto de 2019 a Punto Fijo de una comisión de alto nivel proveniente de Cuba, según publicó el portal Venezuela Política.
El fiscal Carlos Chirinos fue recientemente acusado de extorsionar a un acusado al exigirle, junto a otros cómplices, $35 mil para imputarle un delito menor. En el mismo caso también resultó implicado el abogado Félix Patiño, también incluido en la lista.
Al alcalde Pito Acosta se le vincula con el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, y con miembros del cartel de Paraguaná, según un reportaje publicado en este portal.
Hasta ahora, ninguno de estos funcionarios se ha pronunciado sobre las razones por las cuales fueron incluidos en la lista.
Según el mensaje publicado en www.noticiaendigital.com y que circuló en las redes, los mencionados presuntamente «tienen más de 8 meses bajo la lupa de autoridades federales, desde que estos contactaron a miembros principales de estas organizaciones, y los obligaron a colaborar con la investigación, y brindar información a diversas organizaciones norte americanas (sic) como la DEA y el FBI».
El mensaje también indicó que supuestamente estas agencias federales «ya manejan toda la información que se ha sustraído de los diversos contactos», incluyendo chats, videos, correos electrónicos, «y sobre todo, estados bancarios».
Primer Informe trató de establecer la veracidad de la lista con una fuente de la DEA.
«La DEA no distribuye públicamente ni pone en circulación ningún tipo de listas que incluyan a personas bajo investigación», indicó la fuente.
«Si existe una investigación en curso contra una persona o grupo de personas, ésta se va a desarrollar completamente en secreto», recalcó.
Por lo general, las agencias estadounidenses que realizan investigaciones en Venezuela «no revelan nombres ni circunstancias por temor a que la información divulgada interfiera en las investigaciones», explicó Claudio García, un comisario de la extinta Dirección de Inteligencia Militar (DIM) que participó en operaciones conjuntas con la DEA y el FBI mientras estuvo activo en ese organismo.
García dijo que la publicación de listas en Venezuela «es un recurso utilizado con frecuencia para identificar tanto personas culpables de delitos, como personas a quienes se quiere acusar y castigar públicamente».
El ex funcionario de la inteligencia venezolana, actualmente en situación de retiro, dijo también que la impotencia que muchos ciudadanos experimentan por la falta de acción por parte de los organismos policiales y judiciales para investigar casos de corrupción y lavado de dinero, provoca que este tipo de listas se hagan virales, porque sirve como una especie de castigo moral.
Sin embargo, las listas también son usadas por hackers o personas anónimas para fines extorsivos, advirtió García.
Los empresarios, que pidieron la reserva por temor a represalias, dijeron que la lista mezcla conocidos operadores del régimen en el estado Falcón, con empresarios que llevan décadas trabajando en empresas y comercios de trayectoria, y que por esa razón han acudido a los órganos judiciales en Estados Unidos para aclarar su situación.
En algunos casos, advirtieron, a través de la lista algunos empresarios ya han tratado de ser extorsionados.
«Una persona que indicó que tenía poder para modificar la lista, ofreció eliminar nombres a cambio de una suma de dinero. La propuesta fue rechazada», indicó uno de los empresarios.
Sin embargo, temen que algún organismo de régimen comience a perseguir empresarios que aparecen en esta lista, y que no tienen nada que ver con mafias o negocios ilícitos en la región.
La denuncia de los empresarios falconianos se produce en medio de una serie de detenciones y allanamientos de personas y propiedades vinculadas al presunto capo Emilio Martínez, alias Chiche Smith, supuesto jefe del llamado Cartel de Paraguaná.
«Nuestro interés es tomar distancia de todo lo que está pasando en estos momentos en el estado Falcón, y proteger nuestra reputación ante acusaciones infundadas que están circulando por las redes», dijo otro de los empresarios.
Autoridades policiales y de la Guardia Nacional han detenido en las últimas dos semanas a más de una docena de personas en los estados Carabobo y Falcón, bajo acusaciones de pertenecer a una organización de narcotraficantes en esos estados.
Los allanamientos en Falcón han estado centrados en empresas vinculadas al presunto capo Chiche Smith. En las redes sociales han salido a relucir nombres de empresarios de Paraguaná, presuntamente implicados en lavado de dinero del cartel, entre ellos propietarios de firmas de importación, y locales de venta de productos de lujo, entre ellos concesionarios de vehículos y bodegones.
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