PDVSA chavista firma contratos con nuevos socios pero no puede reactivar su producción
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La carencia de una Asamblea Nacional legítima que pueda reformar la Ley de Hidrocarburos frena a las empresas que quieren invertir en sector petrolero venezolano.
Redacción | Primer Informe
Desde el año pasado, PDVSA comenzó a firmar acuerdos de servicios productivos (ASP) con nuevos socios nacionales se internacionales. En estos nuevos contratos, la estatal está cediendo control operativo y financiero de los proyectos. Pero los nuevos socios no se activan a trabajar. Demandan leyes que protejan su inversión.
Los nuevos acuerdos, incluso contempla mecanismos para recuperar deudas pasadas. A cambio, pide que los socios cubran gastos de capital y operativos. Esas nuevas condiciones otorgarían el control al sector privado. Y, en teoría, las empresas no estarían sujetas a sanciones de EEUU.
Las posibilidades comerciales reales del petróleo venezolano también son un obstáculo. Bajo las condiciones propuestas, los nuevos socios de PDVSA tendrían derechos de comercialización.
Pero, las sanciones y los cambios impositivos que se avecinan en China limitarían las opciones de destino.
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Fallidas reactivaciones
Una estrategia de reactivar miles de pozos inactivos o de bajo rendimiento no es nueva. Muchos planes se han hecho para aprovechar la experiencia local infrautilizada y reactivar la producción. En los últimos años, contratos limitados con empresas desconocidas se terminaron sin dar resultados tangibles.
Esta nueva cosecha de acuerdos es más concreta, involucra a socios más establecidos y cubre campos de petróleo y gas. Entre las empresas occidentales que siguen de cerca el proceso se encuentran Chevron, que espera la renovación de una exención de sanciones.
Igualmente, figuran la española Repsol y la italiana Eni, que tienen operaciones limitadas de petróleo y gas dentro del país. Empresas estatales chinas con vínculos de larga data con Pdvsa también participan discretamente.
Nueva Ley de Hidrocarburos
Los nuevos socios de PDVSA están reacios. No quieren ejecutar los contratos hasta que se reforme la Ley de Hidrocarburos vigente. Esa norma exige una participación mayoritaria de PDVSA. Un cambio, debería darle al sector privado un papel más importante.
En teoría, la ley anti-bloqueo permite que el sector privado tome las riendas. Pero su legalidad es cuestionada y su reconocimiento institucional es muy débil.
Y las diferencias internas en el partido de Nicolás Maduro, el PSUV, impiden que el Parlamento ilegítimo elegido el pasado diciembre intente reformar la norma. Críticos internos dicen que los contratos adjudicados hasta ahora son son una privatización sigilosa de la industria petrolera nacional.
Internamente, en la administración chavista el régimen reconocen la situación. Un funcionario dl Ministerio de Petróleo de Maduro die que los «ASP carecen de un marco legal necesario para asegurar a las empresas, sus inversionistas y proveedores de equipos que los términos y condiciones de la ASP son legalmente transparentes. y vinculante para todas las partes «.
Agrega que lo posibles inversionistas evalúan la posibilidad real de a reformar la ley petrolera antes de decidir si los riesgos en el futuro son aceptables.
Con información de Argus.
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