Estas son las claves del nuevo proyecto del senador Menéndez para Venezuela
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Se trata de la ampliación de una ley que tiene como objetivo garantizar el progreso en las negociaciones para restaurar la democracia en Venezuela, abordar la compleja crisis humanitaria del país y avanzar en la rendición de cuentas.
Redacción | Primer Informe
El senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, anunció que presentará la Ley de Expansión de la Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo de Venezuela (VERDAD) después del receso legislativo de agosto.
La ley integral -que es una amplia actualización legislativa de la Ley VERDAD de 2019- tiene como objetivo garantizar el progreso en las negociaciones para restaurar la democracia en Venezuela, abordar la compleja crisis humanitaria del país y avanzar en la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos y las actividades criminales del régimen de Maduro.
«Mientras los ciudadanos y líderes democráticos de Venezuela persiguen un futuro definido por la libertad, la dignidad y la justicia, Maduro está dando nuevos pasos para consolidar su dictadura criminal. En lugar de facilitar las condiciones para la celebración de elecciones democráticas, el régimen de Maduro ha disuelto el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ha impedido que la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, se presente a las elecciones y ha bloqueado la entrada al país de observadores electorales internacionales», dijo Menéndez.
«Aunque Estados Unidos apoya una solución diplomática pacífica a la crisis de Venezuela, nuestro apoyo a las negociaciones no es ni una invitación abierta ni un cheque en blanco. La Ley de Ampliación de VERDAD proporcionará un salvavidas de esperanza a los venezolanos y servirá de advertencia a los regímenes tiránicos de todo el mundo de que Estados Unidos no permitirá que sus acciones opresivas queden sin control».
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Las claves de la ley VERDAD
La ley buscará apoyar las negociaciones en busca de una solución negociada a la crisis de Venezuela.
Si no se logra una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela en seis meses a partir de la promulgación de la legislación, el proyecto de ley. Codificará las recompensas del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado sobre Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen. También exigirá al Presidente que remita a Nicolás Maduro y a otros funcionarios del régimen procesados a INTERPOL para la publicación de notificaciones rojas. Ordenará la imposición de sanciones a todas las personas previamente designadas por Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, pero no designadas en Estados Unidos
Igualmente, la iniciativa actualiza un mecanismo de exención de sanciones de la Ley VERDAD de 2019 para levantar las sanciones a las personas que faciliten e implementen una solución negociada a la crisis de Venezuela, si no estuvieron involucradas en abusos de derechos humanos.
Con respecto a la respuesta humanitaria a la crisis, la ley establece un Fondo de Confiscación Venezolana y Respuesta Humanitaria para reasignar activos confiscados de casos penales estadounidenses contra ciudadanos venezolanos para financiar respuestas humanitarias.
Autoriza 300 millones de dólares en ayuda a comunidades de todo el continente americano para integrar a refugiados y migrantes venezolanos.
Autoriza 240 millones de dólares en ayuda humanitaria para el Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas para actividades en Venezuela, y exige a Estados Unidos que busque una mayor financiación por parte de otros donantes internacionales.
También prohíbe las expulsiones de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos a través de terceros países hacia Venezuela.
Sobre las sanciones
La iniciativa de Menéndez autoriza varias Órdenes Ejecutivas 13808, 13835 y 13850 sobre transacciones relacionadas con la deuda venezolana y el sector aurífero de Venezuela.
La ley codifica la Orden Ejecutiva 13827 sobre monedas digitales en Venezuela. Igualmente codifica una exención humanitaria para las sanciones estadounidenses.
Buscarán añadir a Venezuela a la jurisdicción de la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras para garantizar un proceso ordenado de resolución de las reclamaciones legales de ciudadanos estadounidenses contra el Gobierno venezolano.
De la misma forma, la ley establece un enviado especial para Venezuela.
La ley es tajante en señalar que requerirán que el Departamento de Estado emita públicamente una determinación sobre si el régimen de Maduro ha perpetrado crímenes contra la humanidad.
Establecerán un grupo de trabajo interinstitucional para contrarrestar la minería y el tráfico ilícitos de oro en Venezuela y en todo el mundo.
Finalmente, indican que desarrollarán un grupo de trabajo con estrategias para contrarrestar la desinformación diseminada en el hemisferio por el régimen de Nicolás Maduro.
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