Familia de abogado estadounidense detenido en Venezuela inicia la lucha por su liberación
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La familia de Eyvin Hernández, un defensor público de Los Ángeles, pide a Biden que ayude a facilitar su regreso: ‘Es más valioso para el mundo estando libre’.
Redacción | The Guardian
La familia de un hombre de Los Ángeles detenido en Venezuela a principios de este año está haciendo un llamamiento público al gobierno de Estados Unidos para que ayude a conseguir su liberación, temiendo que pueda ser retenido a largo plazo como moneda de cambio político.
Eyvin Hernández, abogado de 44 años y defensor de la justicia penal en Los Ángeles, fue detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas el 31 de marzo cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela y se enfrenta a cargos de «asociación delictiva» y «conspiración», según su familia.
Hernández es conocido en California por su larga labor como defensor público que representa a acusados de bajos ingresos y por su labor como mentor de nuevos abogados y estudiantes.
«Le ruego al gobierno de Estados Unidos que haga algo por mi hijo», suplicó entre lágrimas Ana Sandoval, la madre de Hernández. «Yo y toda mi familia estamos destrozados. Mi hijo es un hombre honesto. No ha cometido ningún delito».
Hernández estaba de vacaciones en Colombia y acompañando a un amigo venezolano a la frontera cuando fue detenido cerca de la ciudad colombiana de Cúcuta y posteriormente llevado a un centro de detención de contrainteligencia militar en Caracas, según su familia, que dice que no tenía intención de entrar en Venezuela.
Durante su estancia en el extranjero, Hernández había informado periódicamente a su familia, haciéndoles saber que estaba bien y dando las buenas noches a sus padres, según la familia. Pero días antes de su regreso a casa, dejó de ponerse en contacto con ellos o de responder a los mensajes.
Al pasar los días sin contacto, la familia se puso en contacto con los hospitales y las fuerzas de seguridad de Colombia e hizo que las autoridades visitaran su Airbnb, donde encontraron sus pertenencias abandonadas. «No pude encontrar ninguna información, y tenía imágenes en mi cabeza de la identificación de su cuerpo», dijo su hermano, Henry Martínez.
Finalmente, Martínez recibió un mensaje de WhatsApp de un defensor público de Venezuela diciendo que su hermano estaba detenido. Después de unos 50 días, Martínez también recibió una llamada telefónica de su hermano, quien dijo que estaba esperando tener una audiencia.
Hernández podría enfrentarse a 16 años de prisión y es uno de los al menos tres estadounidenses que fueron detenidos por Venezuela este año, según Associated Press, que dijo haber visto los informes de detención.
Su familia está implorando al gobierno de Biden que ayude a facilitar su regreso.
«Se le quiere aquí, y es más valioso para el mundo estando libre y defendiendo la justicia para la comunidad latina y la gente marginada de Los Ángeles que estando detenido», dijo su hermano. «Sólo esperamos que esté bien».
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De El Salvador a la Facultad de Derecho de Estados Unidos
Hernández nació en El Salvador en 1978, en vísperas de la guerra civil de ese país, y su familia huyó a Los Ángeles cuando él tenía unos tres años. Creció en un barrio obrero del centro-sur de Los Ángeles, con su madre trabajando de limpiadora y niñera y su padre de camarero.
Cuando sus amigos y primos le pedían que saliera en el instituto, «siempre decía: ‘No puedo, tengo que estudiar’, y estudiaba mucho», recuerda su madre.
Hernández fue aceptado en la Universidad de California, en Los Ángeles, y se licenció en física y matemáticas antes de graduarse en la facultad de derecho de la UCLA en 2005. «En lugar de que consiga un trabajo en el que pueda ganar mucho dinero, decidió convertirse en defensor público para poder ayudar a la comunidad», dijo la madre.
Gladdys Uribe, alumna de Hernández en la UCLA, lo describió como un «líder silencioso» dedicado al servicio: «Siempre le ha guiado un fuerte sentido de la justicia y la ambición de representar a las poblaciones indigentes, inmigrantes y vulnerables. Un título de abogado nunca fue el camino hacia la riqueza o el estatus para él, siempre se trató de ser una voz para los que no la tienen». Y añadió: «Me mataría por decir esto, pero realmente es la encarnación del sueño americano».
En la UCLA, impulsó la diversidad: «Hay un número abismal de latinos que van a la facultad de Derecho, y él se aseguró de que no me sintiera demasiado aislado o abrumado», dijo Uribe.
Como defensor público, Hernández ha representado a personas que luchan contra la falta de vivienda, las enfermedades mentales y la adicción, y ha defendido a los jóvenes en el sistema juvenil, dijo Drew Havens, un colega. «Crecer en Los Ángeles en los años 80 y 90 y ser testigo de las injusticias raciales y sociales y de la brutalidad policial le motivó a devolver a su comunidad».
Formó a decenas de nuevos contratados en el departamento y participó activamente en el sindicato. «Es un luchador. Si consideraba que sus clientes estaban siendo maltratados, se hacía notar», dijo Traci Blackburn, jefa de la oficina.
A Hernández también le gustaba viajar, visitando docenas de países a lo largo de los años, dijo su familia. Se tomó un tiempo libre en marzo para viajar a Colombia y trabajar en una novela que ha estado escribiendo, inspirada en la migración de su familia, dijo su hermano.
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Las detenciones indebidas son una «amenaza mundial
No está claro cómo ni por qué se detuvo a Hernández. La frontera entre Colombia y Venezuela ha experimentado un dramático aumento de los conflictos armados en los últimos años, y el departamento de Estado de Estados Unidos la ha clasificado como una zona de alto riesgo en la que los estadounidenses están amenazados de ser detenidos bajo el régimen del autoritario presidente, Nicolás Maduro.
A principios de marzo, altos funcionarios estadounidenses habían viajado a Venezuela para mantener conversaciones poco frecuentes con Maduro, un cambio importante desde que Estados Unidos cerró su embajada en Caracas en 2019 y la administración Trump adoptó sanciones y una política de «máxima presión». Posteriormente, Venezuela liberó a dos estadounidenses encarcelados, y los expertos dicen que parece que la Casa Blanca y Maduro estaban tratando de mejorar las relaciones en medio de la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente crisis energética.
Pero Hernández y otro estadounidense fueron arrestados poco después, en incidentes separados. «Los arrestos se producen en un momento en que los detenidos están siendo aprovechados en el contexto de las negociaciones entre los países para cambiar la política», dijo Brian Fonseca, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida y experto en Venezuela. «Pero esto tensa aún más las negociaciones en un momento en que la administración Biden ha señalado su voluntad de comprometerse. Y Estados Unidos tiene que pensar en cómo quiere comprometerse, porque no quiere inspirar más detenciones».
En los últimos años se ha producido un alarmante aumento de las detenciones ilegales de estadounidenses en todo el mundo y en Venezuela, según la Fundación James Foley, una organización estadounidense que hace un seguimiento de los casos y ayuda a las familias.
«Esto no es sólo un ciudadano o dos aquí o allá, sino una amenaza a nivel mundial y una amenaza para nuestra política exterior, porque mantiene a nuestro gobierno como rehén», dijo Diane Foley, cuyo hijo James, un periodista, fue secuestrado en Siria en 2012 y ejecutado dos años después. Dijo que el repunte de los casos podría deberse en parte al aumento de la información, y añadió: «Esto se está convirtiendo en un problema cada vez más complejo. Y lo que da miedo ahora es que parece ser una táctica deliberada de los actores estatales.»
La familia de Hernández habló días después de que el gobierno de Biden ofreciera un acuerdo a Rusia para traer a casa a la estrella del baloncesto encarcelada Brittney Griner.
Phil Gunson, analista con sede en Caracas del International Crisis Group, una organización de prevención de conflictos, dijo que la intervención de Estados Unidos era fundamental para Hernández: «Una vez que eres un prisionero del Estado venezolano, se vuelve muy complicado. No hay un poder judicial independiente ni una autoridad a la que puedas apelar».
Si Venezuela tratara los casos de los estadounidenses detenidos como entrada ilegal, el país podría expulsarlos, pero el país persigue cargos mucho más serios, dijo Gunson, añadiendo que algunas personas pueden ser retenidas durante meses o años sin juicio, convirtiéndolas en efecto en rehenes. Aunque es menos probable que los extranjeros sufran torturas físicas, a menudo están desnutridos y se les niega la atención médica mientras están en prisión.
La familia de Hernández está en contacto con funcionarios del Departamento de Estado y se ha puesto en contacto con sus representantes electos en California, pero ha obtenido respuestas limitadas. La familia está instando a Estados Unidos a que lo designe formalmente como detenido injustamente, lo que dirigiría los recursos al caso a través del enviado especial para asuntos de rehenes.
Foley, cuya fundación ha clasificado independientemente a Hernández como detenido injustamente, dijo que era vital que EE.UU. siguiera su ejemplo: «Hemos comprobado que cuanto más tiempo se retiene a la gente, más difícil es». Alabó la reciente orden ejecutiva de Biden para reforzar los esfuerzos por traer a casa a los detenidos por error, al tiempo que impulsaba la disuasión de las detenciones mediante sanciones y otros castigos contra los responsables de las mismas. «Las familias están desesperadas y creo que la administración Biden está reconociendo que esto es un problema».
Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. confirmó la detención de Hernández, diciendo: «Nos tomamos en serio nuestro compromiso de ayudar a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Estamos en contacto con la familia y seguimos de cerca la situación». El portavoz señaló que EE.UU. actualizó sus advertencias de viaje para Venezuela en julio, citando el riesgo de detención sin el debido proceso, y declarando: «No viajar debido a la delincuencia, los disturbios civiles, la mala infraestructura de salud, el secuestro y ejercer una mayor precaución en Venezuela debido al terrorismo y las detenciones ilegales.»
La embajada de Venezuela en Estados Unidos no respondió a las preguntas. Los portavoces de los senadores de California Alex Padilla y Dianne Feinstein dijeron que sus oficinas estaban al tanto del caso, pero declinaron hacer más comentarios. La oficina de la congresista Karen Bass no respondió a las preguntas.
La familia de Hernández ha perdido el contacto con un primer abogado que se había puesto en contacto con él, aunque recientemente ha podido mantener breves llamadas telefónicas con su familia algunas veces a la semana. En una llamada con su hermano esta semana, dijo que estaba bien, pero rogó que el enviado especial se hiciera cargo de su caso.
«Desde que me despierto hasta que me duermo, intento averiguar cuál es el siguiente paso, qué podemos hacer por Eyvin», dijo su hermano. Una de las partes más duras es vivir con el temor de que un paso en falso pueda tener un impacto negativo: «Llevo el peso de tomar estas decisiones. Tienes que tirar los dados y esperar que tomes la decisión correcta».
Uribe, amiga de Hernández en la facultad de Derecho, que forma parte de una red de simpatizantes que luchan por su liberación, dijo que ha hablado con él un puñado de veces desde que fue encarcelado: «Se está esforzando mucho, incluso mientras está detenido, por cuidar de nosotros y de nuestras emociones, y haciendo todo lo posible por tranquilizarnos, diciendo que esto acabará pronto y que está deseando vernos y abrazarnos. Y nos ha pedido que cuidemos de su familia».
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