Human Rights Watch denuncia crímenes de lesa humanidad de las fuerzas armadas de Maduro en Apure (TESTIMONIOS)
[jp_post_view]
Se desmontan las fotografías que revelan los falsos positivos de las FAES y salen a relucir relatos sobre torturas en manos de agentes del régimen.
Redacción | Primer Informe
En el conflicto del régimen de Nicolás Maduro con facciones de las FARC se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Cuerpos de seguridad de la dictadura venezolana desplazados al estado Apure, frontera con Colombia, serían los responsables.
En el lugar, la población civil ha sufrido de «abusos aberrantes», según denuncia la organización Human Rights Watch (HRW). Detrás de los hechos está principalmente involucrado las Fuerzas de Acciones Especiales.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
La organización recolectó testimonios entre miembros de la población desplazada hacia Colombia por culpa del conflicto. En esas historias queda retratada la tragedia de miles de personas que fueron forzadas a dejar Venezuela.
Entre los abusos registrados se encuentran ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles y degradantes. Estos son las historias de los testigos acerca de lo sucedido en Apure registradas por Human Rights Watch.
Una familia asesinada y usada como falso positivo
Emir Remolina: En la tarde del 25 de marzo, miembros de las FAES sacaron por la fuerza a cuatro miembros de una familia de su vivienda en el barrio Cinco de Julio en La Victoria. Las víctimas fueron Luz Dey Remolina, de 42 años, Emilio Ramírez Villamizar, de 44, Ehiner Yanfrán Anzola Villamizar, de 22, y Yefferson Uriel Ramírez, de 20.
Según Emir Remolina, de 26 años, hijo de Luz Dey y Emilio, esa mañana pasó por la vivienda de sus padres mientras se dirigía a trabajar y los vio allí. En la tarde, advirtió que había muchos agentes de las fuerzas de seguridad en las calles y francotiradores en los techos.
Intentó varias veces llamar a sus padres por teléfono. No obtuvo respuesta. Cerca de las 3:30 p.m., se acercó hasta la vivienda de sus padres y no encontró a nadie allí.
Encontró varios artículos domésticos destruidos, y que faltaban muebles y una motocicleta. Los vecinos le dijeron que agentes de las FAES se habían llevado vivos a sus padres, con las camisetas cubriéndoles la cabeza, y los habían subido a un tanque blindado.
Varias horas después, Emir vio mensajes y fotografías que circulaban en grupos de WhatsApp informando que las FAES habían matado a una familia en una finca cerca de la zona rural de El Ripial, aproximadamente a 1.5 kilómetros de donde vivían sus padres.
Las imágenes, mostraban los cuerpos en el suelo, boca arriba y con armas cerca de las manos. Emir los reconoció como los cuerpos de sus padres, su hermano y su tío. Algunos días después, las autoridades chavistas informaron que agentes venezolanos habían matado—“neutralizado”— a seis personas en El Ripial. No indicaron los nombres.
Al menos 13 personas de La Victoria dijeron a HRW que los familiares de Emir no eran guerrilleros sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años. Tres personas de El Ripial confirmaron que la familia no vivía ni tenía una finca en la zona donde se encontraron los cuerpos.
Deconstuyendo el «falso positivo»
Especialistas consultados por Human Rights Watch, analizaron las fotos. Concluyeron que los cuerpos parecían haber sido movidos, la ubicación de las armas había sido manipulada. También sostuveiron que había evidencias de que una de las víctimas había recibido disparos desde una corta distancia.
Los expertos forenses indicaron que los cuatro cuerpos se ajustaban a un “patrón”: estaban acostados boca arriba, tenían los brazos extendidos hacia los lados, los hombres tenían el torso descubierto, y todos tenían armas o granadas junto a su mano derecha. Los forenses también dijeron lo siguiente:
Ehiner Yanfrán Anzola Villamizar tenía una granada junto a su mano derecha y tenía fracturado el húmero de ese brazo. La herida parecía haber ocurrido antes de su muerte. Su cuerpo presentaba dos heridas de bala en el pecho, donde parecía haber residuo, lo cual indicaría que se le disparó desde una corta distancia Pareciera que alguien le limpió la sangre de la cara.
En el caso de Luz Dey Remolina se registró que tenía orificios de entrada y salida en el brazo derecho y una granada cerca de esa mano. El patrón general de los cuerpos y la evidencia de que los cuerpos fueron movidos indican que la ubicación de las armas no es auténtica.
Evidencias del montaje
El rostro y torso de Emilio Ramírez Villamizar tenían manchas de sangre que parecían haber sido limpiadas. La sangre había escurrido desde una herida en el lado derecho de la cabeza en una dirección que sugiere que el cuerpo fue girado hacia la derecha.
Es probable que sus brazos hayan estado inicialmente junto a su cuerpo, en vez de extendidos junto a la cabeza como se ve en la fotografía. Además, es muy probable que su cuerpo estuviera originalmente boca abajo. Los cuerpos vestían ropa de civil y no los uniformes de guerrillas. Los familiares negaron que las armas y granadas que se ven cerca de los cuerpos pertenecieran a las víctimas.
El 28 de marzo, Emir recuperó los cuerpos de sus familiares y les dio sepultura en Arauquita. Las autoridades venezolanas no le entregaron certificados de defunción, informes de autopsia, ni ninguna otra documentación que corresponda a un examen forense.
Detenciones arbitrarias y tortura
Desde el 21 de marzo, medios locales y residentes de La Victoria han informado sobre detenciones realizadas por fuerzas de seguridad y militares. Jerarcas chavistas no han proporcionado una lista completa de los detenidos ni información sobre su paradero. Padrino, el ministro de Defensa de Maduro, señaló que el Tribunal Militar 14 juzgaría a 33 detenidos.
Human Rights Watch recabó información sobre la detención arbitraria de 17 personas, a través del testimonio directo de familiares, organizaciones de derechos humanos, o testimonios en audio y video.
Nueve testigos indicaron que las FAES detuvieron a 10 de sus familiares después de irrumpir en sus viviendas sin órdenes de detención o allanamiento.
Sin garantías procesales
Familiares, así como representantes de las organizaciones de derechos humanos Foro Penal y Fundaredes, dijeron que los detenidos se encontraban inicialmente en una base militar en la ciudad de Guasdualito. Esto es a 100 kilómetros de La Victoria, pero que por semanas no se les permitió verlos.
El 12 de abril, 26 detenidos – 25 hombres y una mujer – fueron trasladados a una zona militar, conocida como Área de Procesados Militares (Procemil) dentro del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, en el estado Táchira, según algunos familiares y el Foro Penal.
De acuerdo con la información aportada por las personas entrevistadas, los detenidos en El Ripial y la zona rural de Los Arenales eran campesinos que vivían y trabajaban en fincas.
En la zona rural de La Capilla, aproximadamente a 6 kilómetros de La Victoria, agentes de las FAES se llevaron a 17 hombres de sus viviendas o comercios, relató la esposa de uno de los detenidos. Los agentes cubrieron las cabezas de los detenidos con sus camisetas, los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.
Torturas a una mujer embarazada
Pedro Cabrera (seudónimo):Contó que el 21 de marzo, agentes de las FAES y de la GNB detuvieron a su esposa, Camila Vélez (seudónimo), embarazada de dos meses. Junato a ella estabansus hijos Marcos (seudónimo), de 17, y Ernesto (seudónimo), de 14. Eso sucedió en la zona rural de Los Arenales.
Desde allí, vio a los agentes arrojar a su esposa y sus hijos al suelo, darles puntapiés en el estómago, cubrirles el rostro con sus camisetas, y atarles las manos detrás de la espalda.
Marcos, quedo libre seis días después junto con su hermano. Contó que durante las golpizas al momento del arresto los agentes los acusaron de pertenecer a la guerrilla. Los llevaron a una vivienda cercana. En ese lugar volvieron a arrojarlos al suelo, y siguieron dándoles golpes. Finalmente, los llevaron a una base militar en La Victoria.
Al día siguiente, los agentes transfirieron a los menores de edad y su madre a la base militar de Guasdualito. Allí, agentes de las FAES y de la GNB los encerraron en una celda hacinada y sin ventilación. junto con aproximadamente otras 30 personas y sin medidas adecuadas para limitar la propagación del Covid-19, contó. Durmieron en el piso y solo les dieron agua y mangos para comer.
Camila terminó en la prisión de Santa Ana. A través de un familiar Pedro supo que Camila había perdido el embarazo.
Más testimonios de torturas
Pablo Ramírez: El 25 de marzo, dos tanques de las FAES entraron en la finca donde vivían y trabajaban Pablo Ramírez (seudónimo) y su familia. Eso es en la zona rural de La Victoria. Pablo contó que los agentes le clavaron una navaja en el meñique derecho mientras lo interrogaban sobre sus presuntos vínculos con grupos guerrilleros.
Como no respondía, los agentes le hundieron más la navaja en el dedo, y luego se lo torcieron con un alicate. “Sentí que iban a quebrarlo”, contó. Pablo mostró a una investigadora de Human Rights Watch el dedo con una cicatriz. Los agentes amenazaron con matarlo, llevarse a su hijo de 5 años. También con cortarle el vientre a su mujer, embarazada de 5 meses y sacarle al bebé que estaba gestando. La familia huyó a Arauquita.
Con información de Human Rights Watch.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/primerinforme y dale click a +Unirme.
Si te gustó la nota compártela
