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Los grandes negocios de China en Venezuela (III)

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Los grandes negocios de China en Venezuela (III)

A los chinos también les entregaron  la minería extractiva y la seguridad

Francisco Olivares

Twitter: @folivares10

No solamente los contratos para energía, petróleo y sistema eléctrico obtenidos por las empresas chinas explican la fuerte alianza y el apoyo de esta potencia asiática al gobierno de Nicolás Maduro. La extracción de minerales como oro, diamante, níquel o coltán, a través de las concesiones en el Arco Minero y ser el principal proveedor de armamentos, han aportado miles de millones de dólares en pocos años a las empresas chinas que operan en una diversidad de áreas en el país. Sin embargo tantas inversiones en múltiples especialidades no se culminaron o no se tradujeron en desarrollo para el país.

La extracción minera ha sido un área clave de inversión para las empresas chinas. Tres empresas del aliado asiático se destacan en esta área: CAMC Engineering Co. Ltd., que ha sido una de las empresas chinas que más se ha beneficiado con los grandes contratos para el sistema eléctrico y energético tal como lo explicamos en nuestras entregas anteriores; pero también ha sido líder en sus convenios en el Arco Minero del Orinoco.

Otra empresa china que también se destaca en minería es la Yankuang Group Company Limited, que recibió las primeras concesiones en el Arco Minero y China CITIC Group que fue contratada en 2010 para elaborar el “mapa minero de Venezuela” (la radiografía de las reservas minerales del país) y con licencias en las minas de Las Cristinas en el kilómetro 88 del Estado Bolívar, zona que forma parte del Arco Minero.

CITIC es el mayor holding estatal de China; canalizador de las inversiones en el gigante asiático con actividades ramificadas desde el sector inmobiliario hasta la industria pasando por medios de comunicación y banca. En Venezuela es una de las empresas chinas con mayor expansión. Esta empresa además de la minería, también incursionó en contratos para la Gran Misión Vivienda Venezuela; el programa de construcción de viviendas del Gobierno que fue uno de los temas más importantes en la última campaña de Hugo Chávez por la reelección presidencial. La firma china también está involucrada en el ensamblaje de equipos y plataformas petroleras costa afuera para la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Para China, la inversión en el área extractiva de minerales como el oro, diamante o el coltán que se encuentra en esa región del sur podría ser tanto o más beneficiosas que las del área petrolera. Las estimaciones en reservas realizadas por las concesionarias anteriores que fueron expropiadas por Chávez en 2008 como Crystallex y Gold Reserve, ambas canadienses, en el kilómetro 88, estimaban las reservas potenciales de oro en la zona en 7 mil toneladas; la segunda reserva más importante del mundo después de Sudáfrica. En diamantes se estiman en 8 millones de quilates, ubicándose Venezuela en el puesto 16 en reservas.

De allí que a pesar de la problemática que afecta a la zona como el control que hoy tienen las bandas armadas sobre la minería ilegal de la extracción aurífera, las reservas potenciales ofrecen una posibilidad futura de grandes ganancias con reservas en oro estimadas en un valor de 280 mil millones de dólares.

En febrero de 2016 se firmaron los convenios para cuantificación y certificación del oro con las empresas chinas y cuatro convenios sobre el Arco Minero: Un acuerdo fue con la empresa China CAMC Engineering Co. a quién se le dio en concesión el área 1 para la exploración y explotación de coltán. Se trata del  área más occidental del Arco Minero que llega hasta el río Cuchivero donde predomina  bauxita, coltán y diamantes. Tiene una superficie de 24.680,11 kilómetros cuadrados (Kms2).

Con Yankuang Group, la cuarta empresa estatal de minería de carbón más grande china, se convinieron contratos para labores de exploración y explotación aurífera y se le entregó el área 4 que abarca la Sierra de Imataca, rica en oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita. Tiene una superficie de 40.149, 69 Kms2. Además de un bloque especial, fuera del Arco Minero, ubicado al sur de Bolívar, en la zona de Icabarú, que cuenta con importantes reservas de oro.

Las otras dos empresas que recibieron concesiones en esa primera etapa fue Afridiam Dwc, Ltd., supuestamente de la República del Congo, pero investigaciones sobre esa firma apuntan a que está registrada originalmente en Gran Bretaña en 2016, cuyo dueño estableció importantes conexiones con figuras del gobierno venezolano a través de Cuba. A esta empresa se le entregaron las áreas 1 y 4.

La otra empresa beneficiada fue la  Gold Reserve, expulsada en 2008, por Chávez, con un convenio de exploración y explotación aurífera. Esta empresa, canadiense con gran experiencia en el área poseía  la información más completa sobre las reservas de oro de la zona de Las Cristinas y aún sigue en negociaciones con el gobierno de Maduro. China intentó entonces comprarles a Gold Reserve dicha información.

Es de destacar que la minería ilegal a gran escala en esa región se hizo incontrolable a partir de 2008 cuando Chávez expropió a las grandes multinacionales del oro como Crystallex y la Gold Reserve. Ambas concesionarias trabajaban en extracción de oro en veta, con alta tecnología e impacto más controlado en el ambiente. Con la minería ilegal de superficie que afecta los ríos y bosques, erosionando mayor cantidad de superficie, más el uso incontrolado del mercurio, se impuso a través de las bandas armadas, el crimen organizado y la corrupción. De forma ilegal se están extrayendo grandes cantidades de oro, en algunos casos con complicidad de autoridades gubernamentales; operaciones que se han conocido por los importantes decomisos en el exterior que se han registrado como tráfico ilegal.

Compartiendo el territorio con la minería ilegal en las nuevas concesiones se han establecido al menos 150 empresas mixtas en donde están activas nuevas plantas procesadoras para la extracción de oro con firmas chinas, turcas y rusas en alianza con contratistas vinculadas con altas figuras del gobierno.

También el carbón

A mediados de 2016 Venezuela firmó con dos empresas chinas: China CAMC Engineering Co., Ltd. y Yankuang Group, un convenio por 400 millones de dólares junto a la empresa holandesa Inter American Coal, para la restauración, mantenimiento y comercialización de las empresas de carbón ubicadas en el estado Zulia para la explotación de las dos minas de carbón: Norte y Paso del Diablo, con la que aspiraban a una producción de 8 millones de toneladas. Los convenios también incluyeron a Carbones de la Guajira y Carbones del Guasare.

Estas dos empresas chinas también firmaron convenios para la explotación de níquel para lo cual se hizo una inversión de 180 millones de dólares. También ambas empresas participan en la explotación de gas y fosfato.

La corporación holandesa Inter American Coal, S.A. estableció una demanda por 400 millones de dólares contra Venezuela por incumplimiento del convenio suscrito en 2016 en la alianza con las empresas chinas.

A la empresa estatal china Yankuang Group también se le asignó un contrato en 2001 para la rehabilitación del sistema ferroviario centrooccidental Simón Bolívar para el tramo Puerto Cabello-Barquismeto-Acarigua por la cantidad de 200 millones de dólares. El diputado por el estado Lara, Guillermo Palacios denunció que luego de más de 17 años aún la obra no había sido concluida.

Armas y algo más

En los últimos 10 años las dos potencias, China y Rusia, han desarrollado una fuerte alianza militar y económica en Venezuela como parte de su estrategia de expansión para contrarrestar el predominio de Estados Unidos y el mundo democrático en Occidente. A partir de la llegada al poder de Chávez, Venezuela se convirtió en un territorio aliado para ambas potencias y en la crisis actual es el punto focal en el juego geopolítico entre autocracias y democracias.

El director general del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, John Chipman, señaló en el acto donde presentó el balance militar de 2018 del organismo, que “poderes como China y Rusia están desafiando el predominio global de EEUU y sus aliados”. Indicó que a pesar de que una guerra de grandes poderes mundiales no es inevitable, los Estados como China y Rusia se están preparando, de manera sistemática, para un previsible escenario bélico contra EEUU.

Para el director británico, Chipman, los avances de las Fuerzas Navales de China, desde el año 2000, cuando Pekín inició la construcción en gran cantidad de submarinos, destructores, fragatas y corbetas en comparación con los países regionales como Japón, Corea del Sur y la India, han supuesto un gran desafío para EEUU y sus aliados regionales. Sin embargo, China ha insistido en su política de no intervención en los asuntos internos de Venezuela, reconocen como legítimo el régimen de Maduro y colocan sus prioridades en los beneficios económicos y la expansión de sus negocios en la nación venezolana.

El documento en el que se presenta el balance de la compra de armas 2012-2016, de la ONG venezolana, Control Ciudadano, especializada en el tema militar, se detalla que Rusia fue el principal proveedor de armamentos a Venezuela entre 2015 y 2010. A partir de ese año China registra el mayor número de contratos  de venta de equipos militares para la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela (FANB) con 25 proyectos de equipamiento en distintas áreas.

En 2010 fue entregado el primer lote de 6 aeronaves K8-W de un convenio por 18 de estos aviones de entrenamiento y ataque ligero, como primera etapa de un acuerdo que contempló la compra de 40 de estas unidades. En 2013 se recibieron otras 9 unidades y en 2016 arribaron 6 más de estos aviones. Los K8-W son fabricados por la empresa aeronáutica Hongdu Aviation Industry Group Ltd. (HAIG). Apenas comenzaron a utilizarlos, el 21 de julio de 2010 se cayó el primero de estos aviones en el estado Lara durante un entrenamiento. En noviembre de 2012 se estrelló otro en la Base Aérea Libertador del estado Aragua y el 26 de julio de 2013, se precipitó el tercero de estos aparatos en la Base Rafael Urdaneta, en la entidad zuliana. Se desconoce el resultado de investigaciones realizadas por los técnicos chinos y militares venezolanos para determinar las razones de estos accidentes.

El 22 de abril de 2014 Venezuela firmó un convenio para la compra de 26 radares y 11 puestos de mando de fabricación china como parte de un amplio convenio para el fortalecimiento del sistema de defensa aérea. Este convenio firmado en la Comandancia General de la Aviación fue con la empresa China National Electronic Import-Export Corporation (CEIEC).

Los radares chinos Jl-11 y JYL-11 adquiridos en 2005 y 2014 están desplegados en varios puntos en el territorio nacional. También pueden desplegarse a través de vehículos.

Entre otros armamentos en el país, en 2016 se adquirieron camiones 6×4 JAC Tractor para la Guardia Nacional Bolivariana; armamento antisubmarino; sistemas móvil de lanzacohetes; aviones supersónicos L-15 Falcon; 16 helicópteros Enstron 480B y armamento ligero. Igualmente, desde 2014 China se ha convertido en un importante proveedor de equipos antimotines, vehículos blindados y bombas lacrimógenas.

La empresa china China National Electronics Importations & Exportations Corporation (CEIEC) resultó vencedora en la licitación internacional abierta por la Marina de Brasil para la reconstrucción de la Estación Antártica Comandante Ferraz en 2015.

Sistemas de seguridad y control ciudadano

Es de destacar que la empresa China National Electronic Import-Export Corporation (CEIEC) también ha sido una importante asesora y proveedora en sistemas de seguridad. En 2016 fue puesto en marcha un sistema para monitorear todos los penales del país. El presidente de CEIEC, Qu Huimin, ha estado en Venezuela en diversas ocasiones para firmar acuerdos de seguridad en distintas áreas con el  gobierno de Nicolás Maduro.

El CEIEC es una empresa estatal de tecnología avanzada en China que no solo vende equipos de defensa, como el sistema de radares o la fábrica de radiocomunicaciones proyectada para CAVIM; sino que también es un proveedor de tecnología en temas de seguridad, sistemas de comunicaciones y monitoreo para el control ciudadano.

Uno de los proyectos más ambiciosos en monitoreo y seguridad fue el convenido para lo que se denominó el Sistema de Seguridad Pública y Gestión de Emergencias, denominado como Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA). El contrato para ese proyecto fue por un monto de 1.080 millones de dólares suscrito en el año 2013.

El proyecto contemplaba instalar 30 mil cámaras de seguridad en 16 estados del país para el plan global de Maduro: “Plan Patria Segura”. El objetivo era establecer una plataforma de gestión de seguridad pública que cubriera toda Venezuela, atención y manejo de incidentes. Hasta el momento de ese proyecto no se han visto resultados.

En Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, las estatales chinas CEIEC y Huawei instalaron el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 con un total de 2 mil cámaras en carreteras y ciudades con imágenes enlazadas e integradas a una red instituciones desde bomberos y policías hasta servicios de emergencia y tránsito; y sistemas de GPS y cámaras en 55 mil unidades de transporte (17 mil autobuses y 38 mil taxis). ECU-911 es un organismo ecuatoriano de respuesta inmediata e integral ante situaciones de emergencia. CEIEC además, les construyó 16 centros de mando. The New York Times el pasado 24 de abril de 2019 señaló que el ECU 911 fue usado para espiar a detractores del régimen de Correa; lo cual fue rechazado por el embajador de China en Ecuador, Chen Guoyou, ya que su país no tiene participación en el uso que se le dé a esa tecnología.

En esa área de seguridad, tecnología y control ciudadano en Venezuela también han participado otras empresas como la multinacional china Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited, más conocida por sus siglas ZTE. Por ejemplo, entre sus convenios más importantes se encuentra el famoso Carnet de la Patria, considerado un mecanismo de control ciudadano. Se trata de una tarjeta de identificación utilizada por el gobierno chavista para otorgar subsidios, acceso a medicinas y programas sociales. También este carnet de identificación se ha utilizado como exigencia para obtener documentos o acceder a empleos en la Administración Pública.

ZTE fue sancionada con mil millones de dólares en 2018 por vender productos con tecnología de EEUU a Irán y Corea del Norte sin permiso de Estados Unidos, por lo que no se le permitió durante los próximos 7 años comprar componentes norteamericanos. Esa medida, en la que la empresa china tuvo que acceder al pago de la multa para poder seguir operando con tecnología americana, le generó un descalabro económico a la multinacional.

A esta medida se agregó otra investigación solicitada por senadores estadounidenses (republicanos y demócratas) al Gobierno de EEUU, para que determinen si ZTE trabajó con personas citadas por las sanciones de EEUU y si utilizó ilegalmente los componentes americanos.

En julio de este año ZTE firmó un contrato en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, para proveer tecnología de vigilancia por 30 millones de dólares para frenar el crimen callejero. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos consideró que puede ser otro punto de partida para extenderse por América Latina.

En proyectos agrícolas

Los chinos también han entrado en otra área devastada en Venezuela como es la producción agrícola. En 2010 la empresa china que se destacó por sus obras en materia termoeléctrica, China Engineering Corporation (CAMC) firmó un convenio para el proyecto integral de desarrollo agrícola en Delta Amacuro. Según los anuncios se trataría de desarrollar nuevas vías de comunicación, puentes, un laboratorio de alimentos y la planta procesadora de arroz más grande de Latinoamérica.

El acuerdo de 2010, con la estatal CAMC Engineering Ltd de China, también desarrollaría arrozales, dos veces más grandes que la superficie de Manhattan y crearía puestos de trabajo para muchos de los 110 mil residentes del área, según un reporte de la agencia de noticias Reuters.

Nueve años después, los habitantes de Delta Amacuro tienen hambre. Pocos empleos se han concretado y la planta de arroz está a medio construir y funciona a menos del uno por ciento de lo prometido. No ha producido un sólo grano cultivado localmente, de acuerdo con una docena de personas involucrada o familiarizada con el proyecto, indica la nota de la agencia.

Este caso también fue ventilado en el proceso de Andorra, por el que también se pagaron sobornos por 100 millones de dólares para asegurar este y otros contratos en el área agrícola.

En una visita reciente a Delta Amacuro, la agencia Reuters encontró que la planta arrocera de la CAMC no estaba terminada. Solo un depósito tenía granos a la mitad de su capacidad. Algunas máquinas funcionaban pero se procesaba arroz importado de Brasil. Los arrozales aledaños no tenían plantas de arroz, el laboratorio estaba incompleto, y las carreteras y puentes no se habían construido aún.

CAMC también obtuvo contratos para proyectos agrícolas y el sistema de riego del río Guárico entre 2006 y 2009 por el orden de 700 millones de dólares; así como otros similares en los estados Portuguesa y Anzoátegui.

Tractores y soya

A comienzos de este año 2019 se produjo una importante reunión entre el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami con el ministro de Agricultura de China, Han Changfu para concretar proyectos de producción de tractores, cosechadoras, sistemas de riego y de equipos agrícolas.

En la reunión se habló de la producción de 2.500 tractores y 1.000 cosechadoras y el propósito igualmente de poner en marcha, luego de 10 años de paralización, el Complejo Agroindustrial en Anzoátegui que pretende desarrollar las líneas de producción de aceite de soya y la siembra de 30 mil hectáreas de soya.

Es de recordar que para este complejo agroindustrial, al que se denominó “Complejo Agroindustrial “José Ignacio Abreu de Lima” se hizo una inversión inicial de 600 millones de dólares y tendría la capacidad para producir alimentos procesados para animales, procesamiento de semillas, extracción de aceite de soya entre otras capacidades, convenida en 2009.

Desde 2010 se anunciaba la culminación de 80% de las obras. En 2013 se aprobaron otros 1.700 millones de dólares adicionales para el proyecto el cual estaría listo en su totalidad para finales de ese año. En 2016 se anunciaban labores de “repotenciación” para lo cual se invertirían 4 mil millones de bolívares y el complejo tendría capacidad para sembrar 60 mil hectáreas de soya. Desde 2013 se comenzaron a conocer constantes denuncias del desmantelamiento de “pérdidas de cosechas, compra de máquinas inadecuadas y retrasos en la obra”. En 2015 se hablaba de desfalco y robo de maquinarias y para 2018 de corrupción y desmantelamiento de la planta. Ahora con nuevo presupuesto se le entrega a una empresa china el rescate de un proyecto que se inició con Brasil y lleva 10 años inmerso en corrupción.

Firmaron el documento el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, y por China, el presidente de la empresa Heilongjian Beidahuang State Farm Business Trade Group, Quian Biamo.

El presidente Chávez, se reunió en marzo de 2011 con una delegación china en el Palacio de Miraflores, entre los que estaban Zhao Rongxian, embajador de la República Popular China en Venezuela; Quian Biamo, presidente de Heilongjian Beidahuang State Farm Business Trade Group Ltd.; y Shang Wucun, experto en materia agrícola.

El objetivo sería realizar conjuntamente los estudios necesarios para determinar la inversión técnica, económica financiera, jurídica, ambiental y social, para desarrollar y establecer el proyecto para la constitución de una empresa mixta para la producción de alimentos. La empresa desarrollaría la producción de cereales y leguminosas en los estados Apure, Bolívar, Barinas, Guárico y Anzoátegui.

Heilongjiang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group levantó polémica con la compra en 2011 de 330 mil hectáreas para la siembra de soya en el valle de Río Colorado, en Río Negro, en la Patagonia argentina, con acceso a agua dulce y adjudicación del puerto de San Antonio Este por 50 años con renovación automática, entre otros. Un amparo ambiental colectivo frenó algunos puntos del proyecto por excederse en sus funciones los funcionarios firmantes.

Es de resaltar que, así como las inversiones, contratos y grandes obras anunciadas con las empresas de los aliados chinos en las mas diversas materias, tampoco en el terreno agrícola se registraron resultados para Venezuela. La producción agrícola en Venezuela, pública y privada presenta un déficit de 75% de acuerdo a las recientes cifras presentadas por Fedeagro; lo que indica que la gran cantidad de convenios firmados con China, las inversiones destinadas a la producción agrícola, más la política de expropiaciones y controles de precios, han resultado en la ruina de la producción de alimentos, tal como lo han señalado los gremios del sector. A pesar de las mil millonarias inversiones con los consorcios chinos y de otros países, Venezuela sólo produce 15% de los alimentos que consume.

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