¿Por qué Maduro destruyó la infraestructura eléctrica y petrolera?
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La rapidez y eficacia de la destrucción del aparato productivo nacional por parte de Nicolás Maduro, comenzando por el sistema eléctrico y la industria petrolera, e incluyendo el sistema de salud y las redes de distribución de agua potable y alimentos, entre otros servicios, no pudo haber sido al azar sino una planificación siguiendo el modelo cubano de destrucción.
Andrés Solórzano (Especial para Primer Informe)
La infraestructura en general en Venezuela ha sufrido un notable deterioro luego de la llegada al poder de Nicolás Maduro, en 2013. No sólo la infraestructura de salud -desde hospitales hasta ambulatorios parroquiales-, ni los servicios públicos como el agua potable y la recogida de basura, sino la infraestructura más importante para sostener el funcionamiento del país: el sistema eléctrico nacional y la industria petrolera.
La destrucción no sólo es de largo alcance, sino en muchos casos irreversible. Y no fue un invento exclusivo de Maduro, sino de Chávez, aunque el actual dictador perfeccionó la estrategia de destrucción de la infraestructura del país siguiendo el modelo cubano.
Maduro permitió la destrucción de la infraestructura eléctrica y petrolera siguiendo el consejo cubano: un país desolado es más fácil de controlar.
Chávez comenzó expropiando haciendas comerciales que entregó a cooperativas de campesinos. En poco tiempo quebraron y la producción de alimentos colapsó.
Según lo explicaron los analistas Moisés Naim y Francisco Toro en un artículo de Foreign Affairs, “sector tras sector, el gobierno de Chávez aplicó políticas autodestructivas parecidas. Sin ofrecer compensación alguna, expropió empresas mixtas petroleras con participación extranjera y nombró como gerentes a sus seguidores políticos que no tenían la capacitación técnica necesaria para dirigirlas. Nacionalizó las empresas de servicios, incluyendo el principal operador de telecomunicaciones del país, y dejó a Venezuela sumida en una escasez crónica de agua y electricidad y con una de las conexiones a Internet más lentas del mundo. Incautó compañías de acero, lo que provocó la caída de la producción de 480.000 toneladas métricas mensuales, antes de la nacionalización en 2008, a prácticamente cero hoy en día. La confiscación de compañías de aluminio, empresas mineras, hoteles y aerolíneas tuvo resultados idénticos. Ninguna de las empresas expropiadas por el gobierno aumentó su producción. Absolutamente todas la disminuyeron y la gran mayoría dejó de funcionar”.
Si Chávez siguió el modelo totalitario impuesto desde La Habana, Maduro, con el asesoramiento cubano, se dedicó a restringir drásticamente las libertades económicas y a incrementar la represión política.
“El Estado venezolano ha dejado de proveer casi todos los servicios públicos fundamentales, como salud, educación y seguridad ciudadana. Lo único que los venezolanos pueden esperar en forma consistente de parte del Estado es su implacable violencia represiva”, indicó el artículo de Foreign Affairs.
Petróleo y Electricidad
Entre 2008 y 2015 el gobierno destinó la extraordinaria cifra de $34 mil millones para fortificar y modernizar la infraestructura eléctrica en Venezuela, un plan concebido por el ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez y sancionado por Chávez y más tarde por Maduro.
La gran mayoría de los contratos le fueron otorgados a empresas de países entonces aliados de la “revolución”, como China, Brasil, España y Argentina. Cuba también participó en la fiesta de contratos, pero recibió relativamente pocos montos (unos mil millones de dólares) debido a que no cuenta con ningún tipo de tecnología avanzada.
Otros contratos fueron encargados a socios de altos chavistas, como el testaferro de Tarek El Aissami, Samark López (Profit Corporation) y el operador de Diosdado Cabello, Majzoub Khaled Khalil (Pacific Rim Energy).
El plan fue respaldado por los cubanos, que enviaron a un comandante revolucionario, Ramiro Valdés, para asesorar en los planes de mejora de la infraestructura eléctrica venezolana.
En vez de mejorarlo, el sistema eléctrico terminó destruido por la negligencia en las labores de mantenimiento.
“Venezuela tenía un vigoroso sistema eléctrico pero estos señores lo destruyeron por la falta de mantenimiento”, cuestionó Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Energía Eléctrica, Mecánica y Afines (Aviem), refiriéndose a las autoridades del Corpoelec encargados del mantenimiento de la infraestructura eléctrica nacional.
Una situación similar ocurrió con la industria petrolera nacional. Por falta de mantenimiento, el nivel de producción está en uno de los más bajos de la historia, en poco más de 700 mil barriles de crudo.
Si las firmas norteamericanas se retiran de los acuerdos de producción a causa de las sanciones impuestas por Washington contra Maduro, la producción podría reducirse a la mitad. De ahí habría que descontar los envíos a China y Cuba.
En resumen, los ingresos petroleros experimentaron una reducción dramática que será muy difícil recuperar: se requerirían al menos 18 mil millones en inversión sólo para recuperar la infraestructura petrolera, según el experto Francisco Javier Larrañaga.
“El estado de la infraestructura petrolera es lamentable, habrá que reactivar la parte de refinación que para ello calculamos debe ser de unos 18 mil millones de dólares para recuperar. Quizás habrá que olvidarse de alguna planta como Amuay, debido a su alto deterioro por el incendio que sufrió y es muy difícil recuperar en una primera etapa”, indicó Larrañaga.
Crisis de la infraestructura de servicios
La electricidad y la producción petrolera son dos sectores cruciales para mantener la actividad económica del país. Pero sin el resto de la infraestructura de servicios a la población, es poco lo que puede lograrse.
El sistema de hospitales, por ejemplo, que tomó más de cuatro décadas en levantar y mantener a la par de los avances médicos y tecnológicos de los cuales Venezuela se llegó a preciar, se encuentra actualmente literalmente en ruinas.
“El derecho a la salud en Venezuela se derrumba en medio de la crisis política”, editorializó la prestigiosa revista científica The Lancet, en un estudio dedicado a denunciar la profunda crisis sanitaria desatada por el régimen madurista.
“La crisis económica en Venezuela ha erosionado la infraestructura de salud del país y ha amenazado a la salud pública de su pueblo. La escasez de medicamentos, suministros de salud, interrupciones de los servicios básicos en los centros de salud y la emigración de trabajadores de la salud ha llevado a una disminución progresiva de la capacidad operativa de la atención de salud”, indicó Kathleen R. Page, experta de la Universidad John Hopkins que lideró el estudio publicado por The Lancet sobre Venezuela.
La salud no es el único problema que los venezolanos de a pie sufren cada día. El acceso a un producto básico como el agua potable, representa una odisea para el 82 por ciento de la población, según Transparencia Venezuela. “No se están cumpliendo las metas de que cada venezolano debe tener acceso a 50 litros de agus diariamente por las vías regulares”, dijo Norberto Bausson, autor de un estudio de Transparencia Venezuela sobre el tema.
La alimentación es otro de los problemas agravados gracias a la voluntad del régimen. En los últimos años, la población de venezolanos hambrientos alcanzó casi los 7 millones, una cifra sin precedentes, de acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas publicado en julio pasado.
Pese a que la disponibilidad de alimentos, agua potable, medicinas y equipos, así como de salarios suficientes para mantener la plantilla de enfermeras, obreros de limpieza y médicos en hospitales, ha experimentado un dramático declive desde que Maduro tomó el poder, el régimen dictatorial ha culpado de la crisis a las sanciones impuestas por Estados Unidos particularmente en los últimos 6 meses.
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