Régimen admitió que magistrados fueron expulsados de Perú por tendencia política
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Este primero de octubre se dio conocer que dos magistrados venezolanos fueron expulsados de Perú, como parte del compromiso que tiene dicha nación con los países miembros de la Tiar.
(Primer Informe)
Debido a lo nexos con el régimen de Nicolás Maduro, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales, estuvieron retenidos en el aeropuerto de Perú el 30 de septiembre.
Luego de tres horas de verificación, lo magistrados fueron deportados a Venezuela. Esta información fue confirma por el presidente del TSJ Maikel Moreno, quien manifestó el total rechazó de la acción que ejerció el país andino.
Este miércoles, la cancillería de Venezuela publicó un comunicado, en el cual se calificó de “atropello” lo sucedido, pues alegaron que va contra el multilateralismo y la cooperación internacional.
La misiva que divulgó la Cancillería, también explicó que los funcionarios del régimen habrían acudido al país latinoamericano con el fin de participar en la segunda reunión preparatoria de la “XX Cumbre Judicial Iberoamericana”, a desarrollarse del 2 al 4 de octubre en la República del Perú.
A continuación el comunicado integro de la Cancillería de Venezuela:
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su rechazo ante la retención y prohibición de ingreso a territorio peruano de dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por parte de las autoridades migratorias de ese país, el 1 de octubre de 2019.
Al respecto, es preciso informar que los magistrados arribaron a la ciudad de Lima para representar a la República Bolivariana de Venezuela en la segunda reunión preparatoria de la “XX Cumbre Judicial Iberoamericana”, a desarrollarse del 2 al 4 de octubre en la República del Perú. Sin embargo, a la llegada de los funcionarios, se les denegó el ingreso y, posteriormente, se les obligó a que retornaran a Venezuela.
La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica el atropello causado a funcionarios venezolanos, negándoles el ingreso a territorio peruano, bajo los argumentos de “restricciones migratorias ordenadas por el gobierno del Perú”, en flagrante violación de sus obligaciones como país anfitrión, así como de los convenios internacionales celebrados y ratificados por ambas naciones.
La decisión unilateral del gobierno peruano al denegarle el ingreso a funcionarios venezolanos, no solo representa un atropello a los magistrados, sino que además atenta con los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, basamentos de la Carta de las Naciones Unidas.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela insta a las autoridades peruanas a evitar que hechos como este se repitan, y apegarse al derecho internacional como norma que rige las relaciones de dos Estados soberanos.
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