Cuaderno de Notas | Casto Ocando: La Operación Baghdadi en Venezuela
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El éxito de la reciente operación que culminó con la muerte del líder del grupo terrorista ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, en una zona remota de Siria, fue posible gracias a tres factores: una infiltración eficaz del círculo íntimo del jefe terrorista; una impecable actuación de las fuerzas especiales de Estados Unidos; y quizá, la más importante, una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump.
La ayuda de los Kurdos en la infiltración fue crucial. Aprovecharon el resentimiento contra al-Baghdadi, por sus conducta abusiva, para reclutar guardaespaldas que tenían acceso privilegiado a su entorno. Tan cerca le llegaron que la CIA pudo hacer análisis de ADN a partir de su ropa íntima e incluso de rastros de su sangre suministrados por los infiltrados, para confirmar la identidad inequívoca del personaje.
Técnicamente la muerte de al-Baghdadi fue un suicidio. Pero la posibilidad de que el terrorista saliera con vida de la incursión, aún sin chalecos explosivos, era mínima. Entre otras cosas, porque los soldados tenían la orden de capturar al líder de ISIS a como diera lugar, y de utilizar “fuerza letal” (lethal force) en caso de ser necesario.
Legalmente la operación contra Al-Baghdadi se produjo tras la designación de ISIS (como sucesora de Al-Qaida) como organización terrorista. Para Estados Unidos, ISIS no solo era una amenaza de seguridad, sino un objetivo militar.
¿Podría el régimen de Nicolás Maduro ser designado una organización terrorista, y por lo tanto susceptible de una acción similar por parte de Estados Unidos?
Esa es al menos la propuesta del senador republicano Marco Rubio, que está ganando tracción en altos círculos de la Casa Blanca y de la comunidad de Law Enforcement e inteligencia de Estados Unidos.
“El régimen criminal de Nicolás Maduro le ha subcontratado patrullas en partes de la frontera de Venezuela con Colombia a las FARC, un grupo narco-terrorista”, escribió Rubio en su cuenta de Twitter el pasado 24 de octubre. “Es hora que EE.UU. designe a ese régimen como una organización terrorista”, puntualizó.
El argumento ha sido reforzado por el gobierno colombiano, que recientemente presentó un dossier de 128 páginas en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre los estrechos vínculos de cooperación y protección mutual del régimen de Maduro con las organizaciones FARC y ELN, ambos designados por Washington como “organizaciones terroristas”.
Las agencias de inteligencia norteamericanas lo tienen más que confirmado: Maduro no solo protege sino que actúa en sincronía con estos grupos terroristas o sus disidentes, como se conoce ahora a los comandantes de las FARC que han vuelto a sus andanzas, como Jesús Santrich e Iván Márquez y alias El Paisa.
Todo esto sin contar con las operaciones de lavado de dinero del narcotráfico destinadas a financiar grupos terroristas en el medio oriente como Hezbolá, del cual también hay un largo historial.
Las evidencias señalan una participación directa e indirecta de altas figuras del régimen de Maduro. Aparte del propio Nicolás y el entorno controlado por Cilia Flores y los cubanos, participan también figuras como Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Vladimir Padrino y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez.
Si la petición del senador Rubio, secundada por los representantes de Guaidó en Washington (Vecchio, Paparoni, Simonovis), tiene éxito, ¿significa que el liderazgo del narco-régimen madurista pueda convertirse en targets u objetivos militares legítimos, como le ocurrió a ISIS y al-Baghdadi?
Esto es precisamente lo que está en discusión en varios departamentos del gobierno de Donald Trump.
Si este fuese el caso, no harían falta los calzoncillos de Diosdado (manchados como los de al-Baghdadi), o los rasgos sanguíneos de El Aissami, para verificar su identidad y presencia.
Al menos media docena de guardaespaldas del Cabello, escapados de Venezuela, han ofrecido información crucial sobre sus paraderos habituales, costumbres y lugares de movilización, las fincas que posee en el oriente del país y los lugares de seguridad que prefiere.
O como ocurre con El Aissami, que recientemente trajo a Venezuela un pequeño ejército de mercenarios sirios, para sustituir a todos sus anillos de protección, porque no confía en ningún venezolano.
O los hermanitos Rodríguez, protegidos por mercenarios rusos que les cuesta un ojo de la cara mantenerlos.
“No sería más complicado llegarles a ellos que a al-Baghdadi”, me dice un funcionario active familiarizado con el tema.
En Siria, los líderes de ISIS asumieron una vida “analógica”, desconectados de la red, para reducir al mínimo las posibilidades de rastreo digital. En Venezuela, las comunicaciones digitales son imparables y revelan al acucioso grupo de monitoreo de la NSA toda clase de mapas de ubicación y contacto.
De ahí la importancia de la declaración del narco-régimen venezolano como una organización terrorista. Una vez que se produzca, se enciende una maquinaria que no para hasta lograr sus objetivos. No importa lo que diga Diosdado, o sus calzoncillos.
Las nuevas listas negras: 47, 150
Los asesores de alto nivel de la Casa Blanca, que asesoran al presidente Trump en la crisis venezolana, ya tienen en sus manos la nueva lista de sanciones dirigida a poner más presión al régimen narco-dictatorial de Nicolás Maduro.
La lista incluye 47 nombres de “militares, civiles, familiares de estos, funcionarios judiciales y testaferros”, me dijo Iván Simonovis, jefe de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó.
Las personas incluidas en esta lista serán sancionadas de diversas maneras por parte del gobierno norteamericano, “por su cooperación en el sostenimiento del régimen madurista”, según el comisario.
Esta nueva listda de 47 personas es el primer paso de una estrategia para masificar las sanciones contra chavistas y maduristas no solo en Estados Unidos, sino en toda la región.
Para el 3 de diciembre se espera que se anuncie otra lista negra con tres veces más el número de sancionados: 150 personas, quienes prácticamente quedarán impedidos de operar en los países que apliquen las directrices del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
Simonovis detalló que a estas personas, que incluyen funcionarios, militares, fiscales y jueces comprometidos con Maduro, “y sus familiares”, les serán prohibidas su movilización en vuelos aéreos (lista negra aérea), la operación de empresas, la apertura o manejo de cuentas bancarias, y el mantenimiento de propiedades.
El comisario dijo que la lista incluye empresarios y testaferros que probadamente están asistiendo a importantes personalidades del régimen dentro y fuera de Venezuela, aunque explicó que para la designación de estas personas se está haciendo una amplia investigación con ayuda de gobiernos de Washington, Bogotá y Brasilia, entre otros, para documentar cada caso.
La nueva vida de Gustavo Mirabal
La larga trayectoria del ex banquero y abogado Gustavo Mirabal Castro, no tanto la expresión de logro profesional sino de la habilidad para anticiparse a las malas coyunturas, lo mantiene en perpetuo movimiento en busca de la major protección que el dinero puede comprar.
Estuvo en Caracas como directivo del Banco Industrial de Venezuela en la época en que su amigo y partner Leonardo González Dellán era el presidente de la institución. A mediados de la década pasada estuvo entre los primeros en aterrizar a manos llenas en el exclusivo condado de Palm Beach, donde estableció G&C Farms, para criar caballos de salto.
Le abrió el camino a su otro partner Alejandro Andrade, que tomó posesión de la localidad de Wellington como quien llega a un restaurant y paga todas las cuentas, para congraciarse. Para mediados de esta década, cuando los sabuesos de la Fiscalía ya le tenían hincados los dientes a Andrade, Mirabal se despidió de sus amigos aristocráticos de Palm Beach y zarpó, como un rey sin corona con su corte entera, para los más amigables cielos de España.
Pensando que había llegado a un destino mucho menos problemático, Mirabal compró una o varias mansiones en el exclusivo barrio de La Moraleja, donde residió otro venezolano notable, Marcos Pérez Jiménez. Su mujer, una ex reina de belleza y refinada socialite, no ocultó el nuevo capítulo de la vida familiar sino que lo publicitó sin recato en las revistas del corazón de Madrid.
Cuando el año pasado se corrió el rumor de que Andrade, rebautizado Cristiano, estaba negociando condiciones para reducir su condena por lavado de dinero de la corrupción, Mirabal se puso de nuevo en marcha.
Ya había adquirido un lujoso apartamento en Dubai. Decir lujoso puede ser una redundancia en Dubai, ya que no hay otra cosa que no sea de lujo para extranjeros con una chequera bien provista en el país del lujo artificial.
El apartamento estaba siendo refaccionado por un arquitecto venezolano contratado para tales fines.
Lo siguiente fue muy repentino: movilización de la familia, que ya empezaba a aclimatarse a las veleidades de la escena madrileña, a una realidad radicalmente distinta, aunque rodeada de confort pero con posibilidades mínimas de ampliar el círculo social (sin verse obligado a vestir túnicas y burkas).
Lo que es un rumor está ahora confirmado por miembros del Clan Mirabal: establecimiento de una firma de abogados con tres oficinas en el Dubai International Center (a razón de $500.000 anual cada una, según una persona muy cercana). Los hijos comenzaron el nuevo año escolar en la exclusiva American Academy, a un costo de $154.000 anual por cada estudiante.
Hay razones de peso para entender la escogencia de Dubai como destino final para los Mirabal: no tiene acuerdo de extradición con Estados Unidos, no tiene una política impositiva pesada y es un paraíso fiscal que se ha hecho famoso, entre otras cosas, por el numero de empresas que comercializan oro sin verificar su origen. Como el oro que viene de Venezuela.
¿Hasta dónde llegará este largo periplo? Ese capítulo aún está por verse.
La estrategia de la suspension de visas
La suspensión de visas a importantes operadores venezolanos ha sido por largo tiempo una medida empleada por agencias federales en Estados Unidos para catalizar acuerdos de cooperación, ahorrar tiempo y avanzar casos federales actualmente en curso.
Ocurrió con Alejandro Andrade en 2014. En esa época, cuando escribía mi libro Chavistas en el Imperio, envié un cuestionario a un diplomático norteamericano especializado en América Latina, inquiriéndole sobre por qué un hombre como Andrade, que había sido golpista, guardaespalda de Hugo Chávez y Tesorero Nacional de Venezuela, acusado de haber participado en operaciones corruptas, entraba y salía de territorio norteamericano a sus anchas en aviones privados, según mostraban documentos migratorios en mi poder.
El diplomático, escandalizado por la información que le suministré, llamó al responsable del Venezuelan Desk en el Departamento de Estado para obtener una explicación. “Tiene un expediente impecable”, le respondió el funcionario en Washington. “Y no aparecen los cargos y señalamientos que usted indica”, acotó.
La solicitud del ex embajador provocó el inicio de una investigación en Washington sobre Andrade y sobre cómo era posible que tuviera una visa vigente con sus antecedentes. La indagación concluyó que el expediente de Andrade había sido “expurged”. En otras palabras: el expediente había sido limpiado de toda culpa.
¿Quién había sido el responsable de blanquear el expediente de Andrade? El oficial del Venezuelan Desk reveló que, entre otros detalles, la suspensión de una cuenta de Andrade en Bank of America, que había sido suspendida por actividades “sospechosas”, no aparecía en el expediente.
Los resultados de la indagación no fueron dados a conocer, pero la visa de Andrade fue revocada.
(Más tarde el diplomático me sugirió que el blanqueo de los antecedentes de Andrade en la embajada de Estados Unidos en Caracas, parecía estar conectado con el ex supervisor y attaché de Inmigración y Ciudadanía (ICE) Gerardo Chávez, que había sido acusado y sentenciado en 2009 por conducir negocios impropios en ese embajada, incluyendo la asignación de unas 400 visas que no pasaron por el proceso normal de revisión de antecedentes. Entre los receptores de visa estuvieron Andrade y su hijo Emanuel, y el entonces jefe de inteligencia Hugo Carvajal y sus dos hijos).
Otra visa revocada fue la del banquero Víctor Gill, en 2014, Gill recibió repentinamente un correo de la embajada norteamericana en Caracas donde se le informaba que su visa había sido revocada. El email, sin embargo, dejó abierta la invitación a que volviera a aplicar a una nueva visa.
Gill contrató a un prominente abogado de Miami para resolver el problema. El abogado contactó en nombre del banquero venezolano-paraguayo a las autoridades de Homeland Security (HS) para averiguar las causas del problema. Las autoridades mostraron interés en reunirse con Gill y rápidamente una visa temporal o parole le fue extendido.
Junto al abogado de Miami, Gill viajó a Houston para reunirse con el equipo de HS Investigations, que habían mostrado interés en hablarle. Según una fuente que presenció el encuentro, los investigadores la exigieron a Gill su cooperación en varios casos relacionados con Pdvsa en la fiscalía del sur de Texas.
Gill no solo accedió a cooperar sino que trajo a la mesa de negociaciones a su propio yerno Luis Oberto, considerado una persona de interés para las autoridades.
La cooperación de Gill no se prolongó por mucho tiempo, a juzgar por una segunda revocatoria para la cual no tuvo interés de reactivar negociaciones.
Otro caso similar ocurrió con el banquero Víctor Vargas, cuya visa fue revocada en la misma época.
Vargas contrató al importante bufete de Washington Williams & Connolly para lidiar con el caso. El bufete es considerado el más prominente de las firmas legales en los Estados Unidos, en lo concerniente a “defensa de cuello blanco”, y sus abogados son los mejores pagados del país.
Sin embargo, de entrada, las autoridades les manifestaron a los abogados de Williams & Connolly que no estaban interesados sino en hablar personalmente con Vargas.
El polémico banquero nunca accedió a sentarse con las autoridades. Prefirió en cambio, vender todas sus propiedades, incluyendo un apartamento de más de $30 millones en Manhattan, una mansión en West Palm Beach valorada en $60 millones y un establo de caballos de polo en Wellington.
La suspensión de visa en el caso del empresario Oswaldo Cisneros, según fuentes consultadas, se derivó de un litigio por incumplimientos de pago de cargamentos de crudo de Pdvsa que habían sido contratados por la firma Elemento, donde Cisneros aparece como directivo, a través de las empresas SPS y Chemplast, para ser vendidas a la firma Castleton Commodities, de Nueva York.
Según el litigio, Elemento habría “forjado” documentos de transporte marítimo para consignar la carga del crudo en el Puerto de Nueva York, aunque originalmente había declarado que serían descargados en Texas.
Los documentos forjados fueron entregados a la fiscalía de Nueva York, donde ocurrió la transacción, y a la de West Virginia, donde tuvo lugar el litigio legal entre los implicados.
Según mis fuentes, la suspensión de visa tiene el objetivo de llamar la atención e iniciar conversaciones.
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