Casto Ocando | Cuaderno de Notas: ¿por qué Estados Unidos suspende visas a empresarios y banqueros?
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La suspensión de visas a importantes operadores venezolanos ha sido por largo tiempo una medida empleada por agencias federales en Estados Unidos para catalizar acuerdos de cooperación, ahorrar tiempo y avanzar casos federales actualmente en curso.
Ocurrió con Alejandro Andrade en 2014. En esa época, cuando escribía mi libro Chavistas en el Imperio, envié un cuestionario a un diplomático norteamericano especializado en América Latina, inquiriéndole sobre por qué un hombre como Andrade, que había sido golpista, guardaespalda de Hugo Chávez y Tesorero Nacional de Venezuela, acusado de haber participado en operaciones corruptas, entraba y salía de territorio norteamericano a sus anchas en aviones privados, según mostraban documentos migratorios en mi poder.
El diplomático, escandalizado por la información que le suministré, llamó al responsable del Venezuelan Desk en el Departamento de Estado para obtener una explicación. “Tiene un expediente impecable”, le respondió el funcionario en Washington. “Y no aparecen los cargos y señalamientos que usted indica”, acotó.
La solicitud del ex embajador provocó el inicio de una investigación en Washington sobre Andrade y sobre cómo era posible que tuviera una visa vigente con sus antecedentes. La indagación concluyó que el expediente de Andrade había sido “expurged”. En otras palabras: el expediente había sido limpiado de toda culpa.
¿Quién había sido el responsable de blanquear el expediente de Andrade? El oficial del Venezuelan Desk reveló que, entre otros detalles, la suspensión de una cuenta de Andrade en Bank of America, que había sido suspendida por actividades “sospechosas”, no aparecía en el expediente.
Los resultados de la indagación no fueron dados a conocer, pero la visa de Andrade fue revocada.
(Más tarde el diplomático me sugirió que el blanqueo de los antecedentes de Andrade en la embajada de Estados Unidos en Caracas, parecía estar conectado con el ex supervisor y attaché de Inmigración y Ciudadanía (ICE) Gerardo Chávez, que había sido acusado y sentenciado en 2009 por conducir negocios impropios en ese embajada, incluyendo la asignación de unas 400 visas que no pasaron por el proceso normal de revisión de antecedentes. Entre los receptores de visa estuvieron Andrade y su hijo Emanuel, y el entonces jefe de inteligencia Hugo Carvajal y sus dos hijos).
Otra visa revocada fue la del banquero Víctor Gill, en 2014, Gill recibió repentinamente un correo de la embajada norteamericana en Caracas donde se le informaba que su visa había sido revocada. El email, sin embargo, dejó abierta la invitación a que volviera a aplicar a una nueva visa.
Gill contrató a un prominente abogado de Miami para resolver el problema. El abogado contactó en nombre del banquero venezolano-paraguayo a las autoridades de Homeland Security (HS) para averiguar las causas del problema. Las autoridades mostraron interés en reunirse con Gill y rápidamente una visa temporal o parole le fue extendido.
Junto al abogado de Miami, Gill viajó a Houston para reunirse con el equipo de HS Investigations, que habían mostrado interés en hablarle. Según una fuente que presenció el encuentro, los investigadores la exigieron a Gill su cooperación en varios casos relacionados con Pdvsa en la fiscalía del sur de Texas.
Gill no solo accedió a cooperar sino que trajo a la mesa de negociaciones a su propio yerno Luis Oberto, considerado una persona de interés para las autoridades.
La cooperación de Gill no se prolongó por mucho tiempo, a juzgar por una segunda revocatoria para la cual no tuvo interés de reactivar negociaciones.
Otro caso similar ocurrió con el banquero Víctor Vargas, cuya visa fue revocada en la misma época.
Vargas contrató al importante bufete de Washington Williams & Connolly para lidiar con el caso. El bufete es considerado el más prominente de las firmas legales en los Estados Unidos, en lo concerniente a “defensa de cuello blanco”, y sus abogados son los mejores pagados del país.
Sin embargo, de entrada, las autoridades les manifestaron a los abogados de Williams & Connolly que no estaban interesados sino en hablar personalmente con Vargas.
El polémico banquero nunca accedió a sentarse con las autoridades. Prefirió en cambio, vender todas sus propiedades, incluyendo un apartamento de más de $30 millones en Manhattan, una mansión en West Palm Beach valorada en $60 millones y un establo de caballos de polo en Wellington.
La suspensión de visa en el caso del empresario Oswaldo Cisneros, según fuentes consultadas, se derivó de un litigio por incumplimientos de pago de cargamentos de crudo de Pdvsa que habían sido contratados por la firma Elemento, donde Cisneros aparece como directivo, a través de las empresas SPS y Chemplast, para ser vendidas a la firma Castleton Commodities, de Nueva York.
Según el litigio, Elemento habría “forjado” documentos de transporte marítimo para consignar la carga del crudo en el Puerto de Nueva York, aunque originalmente había declarado que serían descargados en Texas.
Los documentos forjados fueron entregados a la fiscalía de Nueva York, donde ocurrió la transacción, y a la de West Virginia, donde tuvo lugar el litigio legal entre los implicados.
Según mis fuentes, la suspensión de visa tiene el objetivo de llamar la atención e iniciar conversaciones.
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