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Cuaderno de Notas | Casto Ocando: Trump, Bachelet, rusos sin músculo financiero, lavado de dinero y el operador de Maduro en Bulgaria

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Cuaderno de Notas | Casto Ocando: Trump, Bachelet, rusos sin músculo financiero, lavado de dinero y el operador de Maduro en Bulgaria

Trump y Venezuela

Hace tres semanas reportamos en la primera edición de esta columna, sobre la impaciencia del presidente Donald Trump con la falta de resultados eficaces en el objetivo de sacar a Nicolás Maduro de Venezuela. El pasado miércoles 19, The Washington Post reportó exactamente lo mismo. Y otros medios internacionales han abundado en la aparente decisión del mandatario norteamericano de “abandonar” los esfuerzos en Venezuela por la aparente ineficacia de la estrategia aplicada por el enviado especial Elliot Abraham y las recomendaciones del guerrero John Bolton.

Sin embargo, como todo lo que ocurre con Venezuela, la situación es fluida y los escenarios cambian cada semana. La frustración de la Casa Blanca con la oposición, que también hemos reportado aquí, es un hecho pero no un obstáculo para continuar el apoyo para la salida de Maduro, según fuentes consultadas. El mismo Trump lo dijo esta semana en dos ocasiones, en su lanzamiento en Orlando y en la entrevista con Telemundo en Doral.

Más recientemente, el enviado especial Abraham calificó de falso, en entrevista con Carla Angola, una supuesta grabación en la que se escucha al secretario Mike Pompeo expresar sus frustraciones con el liderazgo opositor venezolano. Las razones por las cuales la situación puede estar cambiando son varias. Una es el impacto electoral en la Florida de su respaldo a la liberación de Venezuela, que repercutirá en otros dos países –Cuba y Nicaragua-.

Cubanos y nicaragüenses representan, junto a los venezolanos, un crucial electorado en un estado que puede decidir si Trump se reelige o no. Pero hay otros factores. El factor geopolítico, por ejemplo. La presencia de Rusia y China se reforzará si Maduro permanece en el poder. Otro factor es el impacto en la región del crimen transnacional que tiene en Venezuela un eje particularmente activo y permisivo. En este eje confluyen actividades criminales tan diversas como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el lavado de dinero, el contrabando de materiales preciosos y en menor escala la extorsión y el tráfico humano.

Otro factor deriva de la crisis inmigratoria que Maduro ha generado en Venezuela, con más de 4 millones de migrantes que están saturando la región, con potencial para desestabilización política y económica. Finalmente está el factor humanitario, al cual Estados Unidos no puede hacer oídos sordos.

Al final, los resultados se obtendrán agudizando dos importantes elementos: la inestabilidad interna del régimen, y la amenaza de actores externos, cuya sola presión en terrenos distintos al diplomático, puede empujar un efecto dominó en una muy debilitada estructura militar, que no aguanta un desafío serio y sostenido.

La visita de Bachelet

Hay quienes tenían una gran expectativa sobre esta visita. Esperaban una condena contundente a las violaciones cometidas a diario por la dictadura de Nicolás Maduro. Pero el bagaje de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, imponía de antemano importantes limitaciones.

Bachelet es ella misma víctima de la violencia y la tortura política, que sufrió durante la dictadura de Augusto Pinochet, al igual que su padre el general Alberto Bachelet, que murió en prisión. Sin embargo, según su propio testimonio, ella no sufrió más que “algunos golpes” y “tortura psicológica”, nada comparado con la descripción que escuchó de víctimas y familiares venezolanas, como el caso del sargento de la Guardia Nacional Alexander Bandres  Figueroa, que fue “amarrado, golpeado, aislado” por esbirros de Maduro, y luego “le arrancaron piel de sus manos (…) lo colgaron de los pies hasta que se desmayaba, luego lo electrocutaban y lo  mojaban para despertarlo”, según le explicó su esposa Sandra Hernández.

Es cierto que antes de venir a Venezuela, Bachelet hizo importantes denuncias sobre la violación de derechos humanos a cargo del régimen madurista. “Los asesinatos siguen un patrón similar y se producen durante allanamientos ilegales a las casas realizados por la FAES, posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan de que las víctimas estaban desarmadas”, resumió Bachelet, explicando los métodos aplicados por esta fuerza policial, que en 2018 habría matado a 205 personas, según este reportaje.

«Como resultado directo de esta profunda crisis de derechos humanos, más de tres millones de personas han huido de Venezuela en busca de alimentos, atención médica, trabajo y protección», puntualizó. Sin embargo, hasta ahora no se ha producido una denuncia definitiva, con nombre y apellido, que subraye la responsabilidad de Nicolás Maduro y el resto de la dirigencia chavista en este modus operandi no sólo propio de dictaduras sangrientas, sino inaceptable a la luz de los propios estándares de la Alta Comisión de la ONU que preside.

La razón puede entenderse cuando se examina la otra parte del bagaje de la ex mandataria chilena: su amplia y destacada trayectoria en el concierto de la izquierda radical latinoamericana. Bachelet es fundadora del Foro de Sao Paulo, y mantuvo estrechas relaciones afectivas con importantes figuras radicales como Fidel Castro, Lula da Silva y el propio Hugo Chávez. Cuando murió Fidel Castro, en noviembre de 2013, no se le ocurrió otra cosa sino decir que se trataba de “un líder por la dignidad y la justicia social”, ignorando por completo el historial sangriento de la dictadura habanera. “Hugo Chávez siempre fue un gran amigo” y tenía “un profundo amor por América Latina”, dijo Bachelet cuando se anunció la muerte del comandante bolivariano en 2013.

En agosto del año pasado, Bachelet firmó una petición como miembro del llamado Grupo de los 43, que agrupa a la izquierda radical chilena, para exigir que el ex presidente brasileño Lula Da Silva se le permitiera competir como candidato presidencial, sin importar las graves corruptelas y la cultura de sobornos y malos manejos administrativos que dejó a su paso como mandatario dentro y fuera de Brasil.

El hecho de que sostuviera una reunión con Diosdado Cabello, un notable narcotraficante sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, ilustra las limitaciones institucionales de la ONU, que no reconoce al presidente interino Juan Guaidó como mandatario legítimo y que le otorga beligerancia al régimen usurpador. ¿Qué consecuencias prácticas hubiera tenido, de todas maneras, una condena de Bachelet al régimen de Maduro por violación rampante de derechos humanos? Mas allá de un triunfo propagandístico, las sanciones reales no serían particularmente duras.

Una condena de la ONU contra Maduro no depende de Bachelet sino de las cinco potencias que controlan el Consejo de Seguridad. El valor moral y ético de un pronunciamiento es algo de no poca importancia. Pero no se conoce de dictaduras que salieran del poder por la sola condena diplomática de las Naciones Unidas. Cuando esto ocurrió en los Balcanes, fue la fuerza militar de Estados Unidos y la OTAN quienes hicieron el trabajo. En Chile –la experiencia de la que bebe Bachelet- las condiciones eran extremadamente diferentes. Sin embargo, la falta de condena contundente servirá más para condenar el legado complaciente de Michelle Bachelet.

La presunta corrupción “desatada” de Guaidó

Las denuncias originales sobre la supuesta malversación a gran escala de la ayuda humanitaria en Cúcuta, publicadas por el portal PanamPost, produjeron al principio indignación entre muchos críticos del presidente interino Juan  Guaidó, y reacciones exageradas a juzgar por los más recientes reportes sobre el terreno.

Las acusaciones se referían al presunto manejo inadecuado de $100,000 destinados al apoyo de los militares venezolanos disidentes en Cúcuta por parte de dos funcionarios –Rossana Barrera y Kevin Rojas-, enviados por Guaidó para administrar y facilitar el apoyo a los oficiales refugiados. Se habló de sobreprecios en facturas o falta de comprobantes para justificar los gastos.

Se habló de que una de las personas designadas, Rossana Barrera, era cuñada del diputado Sergio Vergara, de Voluntad Popular, el mismo partido de Guaidó. Se hizo referencia a que el 60% de la comida almacenada en Cúcuta para repartir a venezolanos hambrientos, estaba “podrida”. Se mencionó una investigación de la inteligencia colombiana que, según pude confirmar, alertó primero al gobierno de Duque, y luego al gobierno de transición.

Los señalamientos, que no eran culpa del medio ni del reportero sino de los supuestos responsables, desataron una ola de acusaciones temerarias en las redes sociales. Algunas aventuraron a decir que la presunta corrupción de los enviados de Guaidó salpicaba los centenares de millones de dólares que habían enviado gobiernos extranjeros a disposición del presidente interino. Hubo quien dijo que los fondos humanitarios, incluidos los recaudados en el famoso concierto patrocinado por Richard Branson, también se habían malversado en francachelas.

Otros activistas de las redes sociales llegaron al extremo de calificar al gobierno de Guaidó tan o más corrupto que el propio régimen de Maduro. Como borrando de un plumazo el historial de corrupción de la tiranía chavista-madurista, que pulverizó más de $1 trillón, un récord difícil de emular. Como era de esperar, el régimen de Maduro hizo fiesta: difundieron las denuncias a la velocidad de la luz, con condimentos adicionales. Hasta el fiscal “usurpador” Tarek William Saab, abrió una causa criminal contra los acusados. Era una oportunidad difícil de rechazar.

La reacción del gobierno de transición fue la correcta: ordenar ampliar las investigaciones -que ya había adelantado la inteligencia colombiana- a la Fiscalía de Colombia, país donde se cometieron los presuntos delitos de apropiación indebida; y desvincular a los acusados de sus responsabilidades en el manejo de los fondos. Después de la tormenta, la calma ha mostrado una realidad distinta.

Los fondos del concierto en Cúcuta, que totalizaron $2.5 millones en donaciones online, según la detallada historia del evento recogida en este artículo de Wikipedia, han estado bajo control no de ningún enviado de Guaidó sino de la Organización No Gubernamental La Fundación Solidaridad por Colombia, con 40 años de experiencia.

La mayor cifra de la ayuda humanitaria recibida hasta ahora provino de Estados Unidos, según reportó el propio Vicepresidente Mike Pence: $213 millones, que han sido manejados no por Guaidó sino a través de organismos y agencias bajo supervisión y control de Washington. Otros $134 millones fueron suministrados por la Unión Europea, para cubrir «alojamientos de emergencia, cuidados médicos, asistencia alimentaria, el acceso a agua y servicios sanitarios, así como la educación de menores», tanto en Venezuela, que vive «un momento crítico», como en los países vecinos, según explicó el comisario de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides.

La cifra presuntamente malversada de $100,000, según Panampost, se redujo a $60,000 según este reportaje de Wall Street Journal. Dado que ahora se sabe que los fondos bajo investigación provinieron de contribuciones privadas, es imprescindible la actuación de un organismo de control, como ha ordenado Guaidó.

Todavía falta por establecer hasta dónde el escándalo de Cúcuta afectó la popularidad del presidente interino. Porque efectivamente Guaidó ha registrado una tendencia a la baja en popularidad, pero el fenómeno no necesariamente está conectado al escándalo, sino al “estancamiento” de la ofensiva para sacar a Maduro. Pero eso es harina de otro costal.

El puente dorado para los militares

 

Hay voces en  Estados Unidos que proponen dejar de lado cualquier escenario que implique el uso de la fuerza militar, bajo el argumento de que una confrontación con el sector militar venezolano sería contraproducente para la futura estabilidad del país. “Si los militares son el salvavidas de Maduro y sus líderes sólo apoyan a Maduro porque temen repercusiones contra ellos si el régimen cae, entonces la solución es clara”, escribió esta semana el analista Nick J. Danby, del International Policy Digest.

“Los Estados Unidos no necesitan pelear contra esos comandantes, necesitan acercárseles y negociar con ellos”, y “convencerlos de que ellos tienen un rol que jugar en una Venezuela democrática y que no terminarán en una cárcel”. Obviamente Mr. Danby desconoce que esa opción ya se puso sobre la mesa. Altos oficiales de la administración Trump ofrecieron a altos oficiales, entre ellos al propio Vladimir Padrino pero también a Jesús Suárez Chourio y otros altos generales, en reuniones secretas que tuvieron lugar en lugares como Trinidad y Tobago y Curazao.

Según me dijo una fuente cercana a las negociaciones, Estados Unidos le ofreció a varios comandantes dinero contante y sonante en cuentas bancarias legales –un mínimo de $3 millones- y pasaportes para los generales y sus familiares, que quisieran vivir fuera de Venezuela, así como protección a largo plazo. La oferta fue rechazada.

Como me decía esta semana un ex oficial de la Armada ahora retirado, muchos militares están ganando tanto dinero en actividades ilícitas como tráfico de drogas, combustible, metales preciosos y alimentos, que están dispuestos a correr el riesgo de continuar apoyando a Maduro sin reservas. “Por supuesto”, agrega el oficial, “el apoyo se dará hasta que sientan que la amenaza de morir es real”.

Rusos: sin músculo financiero pero en la guerra psicológica

El New York Times reportó esta semana que los rusos, muy lejos de lo que intentan aparentar, están tan quebrados o temerosos de los efectos las sanciones norteamericanas contra el régimen de Maduro, que están disminuyendo su interés de brindar apoyar económico para su sostenimiento. “La estrategia del presidente Vladimir Putin de apuntalar a su aliado y antagonizar al gobierno estadounidense de Donald Trump tiene limitaciones.

El gobierno ruso no ha llenado los vacíos que dejan sus empresas y se ha negado a otorgarle nuevas líneas de crédito a Venezuela, a comprometerse con nuevas inversiones y a condonar deudas existentes para facilitarle a Maduro enfrentar a la oposición”, escribió el periodista Anatoly Kurmanev. En el fondo, la realidad es que la economía de Rusia no es lo suficientemente fuerte para sostener a Maduro.

Para tener una idea del verdadero poder económico ruso, veamos esta comparación: el Producto Interno Bruto del estado de Texas, con unos 30 millones de habitanes, casi una quinta parte de población que tiene Rusia, es de $1.7 trillones (cifras de 2018), $400 millones más que el PIB de Rusia, con 144 millones de habitantes, que alcanza a $1.28 trillones.

Un dato interesante es que los mayores bancos de Moscú en general han dicho “NO” a las solicitudes de Maduro de trasladar a Rusia cuentas del gobierno de Venezuela para evadir sanciones norteamericanas, según el reporte de Kurmanev. Los 15 principales bancos rusos temen que el impacto de las sanciones de Washington sea mayor a los beneficios de apoyar a Maduro, y han dicho que no.

“Los reportes indican que Gazprombank, un banco operado por el Estado que solía ser uno de los principales bancos europeos de la empresa petrolera venezolana, Pdvsa, eliminó en abril casi toda su cartera de crédito con Venezuela tras dar por terminada una relación bancaria con el gobierno de Maduro”, indicó el NYT. De ahí que en Washington la confianza en torno a la presión de las sanciones económicas sea aún alta, a pesar de que los resultados no van a ser visibles al muy corto plazo.

El drama de las Visas

La reciente decisión de Chile de exigir visado a viajeros venezolanos, pone ya de relieve el nivel de la crisis migratoria que está generando la dictadura. La misma crisis está obligando a otros países –Ecuador, Perú- a considerar medidas similares.

Según algunos reportes, muchas ciudades peruanas, ecuatorianas y chilenas están tan repletas de venezolanos que literalmente han convertido enclaves citadinos en densas colonias donde se habla y se vive a los venezolano, con todo lo bueno y malo que implica.

Entretanto, la embajada de Estados Unidos en Bogotá, que opera como sucedánea de la legación diplomática en Caracas, que permanece cerrada, está aplicando una política tan o más agresiva para detener el flujo de connacionales hacia territorio norteamericano.

Según fuentes diplomáticas consultadas, el consulado estadounidense está negando el 95% de las aplicaciones de visa introducidas por venezolanos, una política que no cambiará en el fuuro cercano.

El temido fin de la gasolina

En una reciente exposición en Miami, escuché una muy interesante tesis expuesta por el ex viceministro de Energía y Minas y experto petrolero Evanán Romero que básicamente se resume en esta frase: “no hay gobierno en el mundo que haya soportado un embargo a la gasolina como el que está apunto de enfrentar Nicolás Maduro”.

Romero dice que el único régimen que logró sobrevivir a tal embargo fue el de Sudáfrica en la época del domino de los Afrikaners, gracias a la creación de nuevas tecnologías para producir combustible a partir de carbón. “Pero esa capacidad tecnológica que tuvieron los Afrikaners, no la tienen los chavistas, que cuando ven una torre de destilación salen corriendo”, remarca Romero.

Las fuentes para importar o procesar gasolina en Venezuela se están agotando dramáticamente, asegura el experto, y esto afectará por igual al pueblo y al régimen de una manera irrecuperable. ¿Terminará tumbando a Maduro la gasolina, como lo hizo con CAP? Amanecerá y veremos.

U.S. Treasury: lavado de dinero en Venezuela es crítico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió un grupo especial de naciones en una estrategia cuyo único fin es monitorear, identificar, mapear y de ser posible congelar el flujo de fondos ilícitos que salen de Venezuela.

El task force, bajo la coordinación de la oficina de crímenes financieros del Tesoro, mejor conocida como FinCen, reúne personal de inteligencia financiera de Argentina, Colombia, Panamá y México, en América Latina; y Suiza y Lichtenstein, en Europa, que coordinan estrategias para investigar las personas y/o empresas u organismos  implicados en flujos de lavado de dinero producto de la corrupción y el narcotráfico en Venezuela.

“Las corruptas figuras políticas de Venezuela están tomando sus ganancias derivadas de robos, sobornos, extorsión, narcotráfico y otros delitos, y las están escondiendo en otros lugares, incluso en los Estados Unidos”, indicó Kenneth Blanco, director de FinCen, en un reciente reporte. Blanco dijo que no hay otro lugar donde la lucha contra el lavado sea más crítica que en Venezuela.

“El dinero robado al pueblo venezolano debe devolverse, y los culpables de estos crímenes deben rendir cuentas”, aseguró Blanco. El funcionario dijo que una estrategia similar se está aplicando para flujos de dinero sucio que circulan por Nicaragua e Irán.

“Los Estados Unidos no permitirán que nuestro sistema financiero sea objeto de abuso en beneficio de cleptócratas extranjeros que intentan esconder su fortuna ilícita comprando casas, yates y aviones en los Estados Unidos, al mismo tiempo que crean más riqueza y recursos para desplegar, para propósitos inhumanos y criminales del régimen de Maduro”. Blanco dijo que ya había varias líneas de investigación en curso como resultado de estos esfuerzos.

Buscan bloquear criptomonedas para Maduro

Expertos del Financial Action Task Force (FATF), un grupo de investigación, combate y prevención de lavado establecido en 1989 por el G7 y considerado el más importante grupo de vigilancia internacional contra el flujo ilegal de dineros, advirtieron esta semana sobre la necesidad de frenar a países bajo sanciones internacionales como Venezuela, de usar criptomonedas como Bitcoin y otras, para lavar dineros procedentes de la corrupción y otras actividades ilegales.

Los expertos se pronunciaron en un evento de FATF que tuvo lugar en Orlando, Florida esta semana. Venezuela fue colocada al lado de Corea del Norte e Irán, como los tres de los países fuertemente sancionados por Estados Unidos que podrían usar las criptomonedas para evadir las sanciones “en todas partes del globo”.

La advertencia de FATF después de que Estados Unidos y otros países en Europa y Asia, han manifestado su preocupación de que las agencias de investigación no siempre podrán notar, prevenir o seguir la pista de posibles actividades criminales vinculadas al uso de criptomonedas.

Amplían investigación sobre lavador personal de Maduro en Bulgaria

Maduro ruega la lealtad a sus soldados en medio de “amenazas” de EEUU

La investigación del abogado de Bulgaria que actúa como uno de los principales lavadores de dinero de Nicolás Maduro avanza para establecer si también está jugando un papel en la colocación en Africa de minerales preciosos explotados en Venezuela.

Tsvetan Tsanev, abogado búlgaro con estrechas conexiones al banco Investbank, con sede en Sofía, ha sido señalado por Estados Unidos de facilitar transferencias de dinero desde Venezuela por parte de Pdvsa a su cuenta personal en Investbank, y de allí a cuentas controladas por Maduro. El historial del abogado Tsanev lo coloca en las grandes ligas del crimen internacional: en su juventud durante la era comunista, actuó como agente del servicio secreto en operaciones de tráfico de estupefacientes.

En concreto, estuvo implicado en una red de tráfico de anfetaminas a través de una firma alemana que enviaba la mercancía por el puerto italiano de Bari. En 1991, fue acusado de formar parte de una red que propiciaba la fuga de capitales ilegítimos de Bulgaria, a un ritmo de $1,000 millones mensuales, mediante una serie de vías “ocultas”. Más adelante fue un agente que trabajaba con la Cosa Nostra italiana en el negocio de diamantes en Africa.

Más recientemente, fue acusado de participar en el secuestro del tanquero libio BADR, actuando como alto directivo de la firma Bulgargeomin Ltd. Las autoridades de Estados Unidos y Bulgaria están tratando de establecer el destino de los dineros recibidos por Tsanev en su cuenta de Investbank, por órdenes de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y su papel en la colocación de lingotes de oro en Africa.

Duro golpe a Nicaragua salpica Venezuela

 

Cuatro altos funcionarios y oficiales que ocupan posiciones claves dentro del régimen de Ortega-Murillo fueron sancionados por el Departamento del Tesoro, uno de ellos miembro de la firma nicaragüense-venezolana Albanisa, financiada con dinero de Pdvsa.

Esta vez castigaron al presidente del Parlamento, Gustavo Porras; la ministra de Sanidad, Sonia Castro; el director de telecomunicaciones (Telcor), Orlando Castillo; y el general retirado Oscar Mojica.  “La acción de hoy está dirigida a los funcionarios del gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense», indicó una declaración de la OFAC.

Gustavo Porras, el presidente de la Asamblea Nacional, es uno de los líderes de las fuerzas de choque y paramilitares de Ortega. La ministra de Salud, Sonia Castro, es objeto de una serie de acusaciones sobre sus órdenes a los hospitales públicos de no atender a los manifestantes heridos.

El caso más emblemático de tal negligencia fue el del adolescente Álvaro Conrado. En el caso de Orlando Castillo, se ha encargado de censurar a los medios de comunicación a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Telcor).

El general Oscar Mojica es el ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), ex director del emporio de inversiones del Ejército, del Instituto de Seguridad Social Militar, y está vinculado al entorno empresarial del conglomerado venezolano-nicaragüense Albanisa, que ya se encuentra bajo fuertes sanciones por parte de Washington por la corrupción y el lavado de dinero.

Estados Unidos asegura que el general «promovió» en la televisión nacional la estrategia de «exilio, cárcel o muerte» del régimen de Ortega para silenciar a la oposición, «una política que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, exiliadas o desplazadas internamente ”.

Además, aseguran que Mojica administra una parte notable de las finanzas personales y oficiales del presidente Ortega y el vicepresidente Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café y hoteles.

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