INFORME: Levantamiento de todas las sanciones a Venezuela no garantiza mejoras económicas en el país
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La flexibilización de sanciones otorgada por la administración Biden en áreas claves como petróleo y gas, no supone una mejora económia en el país, que requiere una inversión de recursos destinados a reposición a mantenimiento principalmente.
Redacción | Versión Final
Las fallas que enfrenta Venezuela en áreas como infraestructura, servicios, seguridad y capital humano restringen, según expertos, su capacidad de expandir la economía, aun en un escenario exento de sanciones -a las que el Gobierno achaca la crisis- de las cuales varias fueron levantadas, temporal y condicionalmente, por Estados Unidos.
Economistas coinciden en que el alivio otorgado por Washington en áreas cruciales, como el petróleo y el gas, no supone una mejora por arte de magia, cuyo PIB cayó un 67 % desde 2013, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB).
El economista y profesor universitario Santiago Sosa dijo a EFE que «recuperar lo perdido» y volver a «ubicarse sobre una senda de crecimiento sostenido» representan «un reto», que demanda diseñar un plan de acción para atender las fallas que sufre el país, así como «inversiones fuertes».
Se prevé que la suspensión de sanciones anunciada por EE.UU, en respuesta al acuerdo firmado entre el chavismo y la oposición sobre garantías electorales para las presidenciales de 2024, permita a Venezuela mejorar sus ingresos, la mayoría obtenidos por la vía del petróleo, que ahora podrá venderse a «precios de mercado» y no con descuentos, que el IIES promedia en un 30 %.
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Una infraestructura deteriorada
Sosa explicó que, en estos años de crisis, se ha deteriorado «significativamente» la infraestructura, sobre todo de los servicios públicos, como la electricidad, el agua potable y el gas, la vialidad y los que afectan básicamente a empresas, muchas de ellas con maquinarias y equipos obsoletos.
Aseguró que la reactivación y la expansión económica provocan un incremento de la demanda al sistema eléctrico nacional, que en la actualidad «no está en capacidades ni siquiera de proveer a todo el país» de este recurso de manera «ininterrumpida».
Además, hay fallas en la vialidad, como «huecos en las carreteras y problemas de proyectos de autopistas no terminados», lo que implica «un riesgo a la hora de transportar mercancía».
Ante estas restricciones, se necesita una «inversión fuerte» de recursos, destinados, principalmente, a reposición y mantenimiento.
Sin embargo, la esperada entrada adicional de ingresos, tras el levantamiento de sanciones, calculados por el instituto académico en unos 4.000 millones de dólares para el próximo año, «difícilmente va a cubrir a corto plazo» la inversión necesaria.
Según la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), la infraestructura, con «grandes carencias», requiere una «inyección urgente de recursos financieros, durante los próximos dos años, con una inversión de 10.000 millones de dólares».
Seguridad
Sosa señaló que las autoridades también deben atender el problema que todavía hay en materia de seguridad.
De acuerdo con el informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) correspondiente a 2022, ha habido un «incremento generalizado de las actividades de extorsión» sobre «actores económicos o individuos» con «acceso a dólares u otras monedas extranjeras», lo que afecta, de «una manera muy significativa», al «comercio de bienes importados».
La ONG denunció también «robos y extorsión» a «productores rurales y transportistas».
Las autoridades aseguran que llevan a cabo «exhaustivos trabajos» para «erradicar las organizaciones criminales».
Lea el informe completo en Versión Final.
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